Un tercio del territorio nacional está concesionado a empresas para alguna actividad de extracción hasta por 50 años, renovables por un periodo similar; muchos de esos permisos fueron otorgados en humedales de importancia internacional conocidos como sitios Ramsar (identificados como hábitat de aves) y en aguas marinas, lamentó Carlos Lavore Herrera, especialista en planeación urbana, participación ciudadana y medio ambiente.

Al participar en un foro de análisis de políticas públicas organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que de esta forma se produce la ocupación del territorio nacional, dando prioridad a la construcción de infraestructura –carreteras, energía eléctrica y acceso al agua– y a un andamiaje legal que no se define a partir de las necesidades de la población, sino de las empresas y consorcios internacionales.

En los hechos, consideró, el país está sometido a prácticas de despojo, violencia e impunidad. Destacó que sólo en la primera década del presente siglo, la minería extrajo más del doble de oro que en 300 años de dominio español, beneficiando a un pequeño grupo de grandes empresas nacionales y trasnacionales.

Sostuvo que la soberanía nacional está en entredicho al estar concesionado un tercio de nuestro territorio por largas décadas a grandes empresas trasnacionales y al capital financiero, los cuales tienen el pleno control sobre estos territorios.

Lavore Herrera, quien también forma parte del consejo consultivo de la Fundación para la Democracia, citó que de las concesiones mineras a cielo abierto otorgadas en lo que va del presente siglo, 30 por ciento corresponden a México, por las que las empresas del ramo perciben utilidades anuales por hasta 13.5 millones de dólares y realizan, literalmente, actividades tóxicas y proyectos de muerte.

Citó datos oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de septiembre pasado, según los cuales en el país existen 560 conflictos socioambientales, 173 contra la minería, 86 por el agua y varios por extracción de hidrocarburos, energía, tala de bosques y otros, en medio de pueblos y comunidades en resistencia y que son objeto de hostigamiento, agresiones y asesinatos por empresas y gobiernos en colusión, y en muchos de estos casos con la inclusión del crimen organizado.