El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal resolverá el miércoles de la próxima semana si ratifica, revoca u ordena reponer el procedimiento de la prisión preventiva impuesta a Rosario Robles por el juez Felipe de Jesús Delgadillo, en agosto pasado.

Por separado, el noveno tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México, le negó la suspensión definitiva contra la vinculación a procesos del pasado 13 de agosto, que le dictó dicho juez, por ejercicio indebido del servicio público al haber ocasionado un presunto quebranto al erario por más de 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, caso denominado La Estafa Maestra.

Durante una audiencia de apelación que se realizó ayer jueves en el Reclusorio Norte, la ex secretaria de Estado leyó una carta donde cuestionó si es el trofeo (del gobierno federal) para exhibir un supuesto combate a la corrupción rompiendo las leyes, y reprochó ser la única persona encarcelada. Asimismo afirmó que no quiere privilegios, sino piso parejo y un juego limpio.

Al respecto, su abogado, Julio Hernández Barros, señaló que presentaron dos denuncias por la licencia de conducir (apócrifa), una ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del Ministerio Público Federal y otra en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable.

En entrevista por separado el abogado Epigmenio Mendieta, comentó que solicitaron dos meses más para la investigación complementaria, que vence el 13 de febrero de 2020.

“Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que esos terceros están en libertad como dicta el debido proceso. Yo soy la única en la cárcel; o cuando se habla de terceros, ¿a quién o quiénes se refiere?, ¿a todo un gobierno? ¿a un sexenio?, ¿soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto corrompiendo las leyes?, manifestó frente a la magistrada del colegiado, Isabel Porras Odriozola.

Acusó que el hecho de que el juez Delgadillo Padierna (sobrino de la diputada Dolores Padierna) le haya decretado esa medida cautelar es totalmente ilegal y se me esté juzgando no por el hecho que se me atribuye, sino por quien soy, por lo que represento como parte del equipo de gobierno anterior y porque algunos de la élite que hoy nos gobierna me guardan rencor y resentimiento y han aprovechado esta oportunidad y han utilizado al juez y sobrino para su venganza.

Afirmó que el juez Delgadillo Padierna ya había tomado una decisión antes de sentarse frente a mi por primera vez. No le importó interponer su interés personal aunque eso significara violentar los principios constitucionales; aceptó sin sopesar la petición del Ministerio Público de prisión preventiva, a pesar de que hay medidas cautelares menos lesivas y que garantizan mi presencia en el proceso.