El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que para impulsar la economía del campo la mejor estrategia es el programa “Sembrando vida”. El planteamiento desde el punto de vista teórico no se discute; la cuestión es cómo resolver el problema estructural de la economía social, si encontramos importantes vacíos entre la Constitución, las leyes secundarias y el código mercantil.

Entro de los problemas estructurales del campo, el presidente plantea evitar intermediarios, como algunas ONG y agencias de desarrollo y las organizaciones campesinas de segundo nivel no económicas y con carga política. En ello tiene razón, ya que las ONG que funcionan como intermediarias no solo se llevan para su operación entre el 15 y el 30% de las donaciones, sino que, además, su agenda no representa ni resuelve los problemas del campo mexicano.

En el caso de las organizaciones campesinas no económicas se especula con el clientelismo político, con un costo muy alto para la hacienda mexicana. Ahora bien, el programa “Sembrando vida” establece que las personas inscritas recibirán un apoyo total de 5,000 pesos mensuales, y de esta cantidad 500 pesos se distribuirán así: 450 van a una cuenta de ahorro y 50 al Fondo de Bienestar. El programa no deja claro cómo se va a estructurar la base productiva y comercial, cómo los productores desarrollarán estructuras económicas y sociales, operativas y logísticas capaces de enfrentar los retos del intercambio.

Se dice que “Sembrando vida” incentivará a los sujetos agrarios para establecer sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, en el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).

Durante muchos años en el país se han desarrollado modelos de organización económica exitosos que pueden servir como referencia. En el Consorcio Chiclero, en la Península de Yucatán, a través de un proceso organizativo de más de 20 años hemos impulsado el desarrollo del campo desde la integración regional sectorizada, una integración económica estratégica entre comunidades y productores, una integración económica que va más allá de los límites políticos territoriales y que responde a la lógica de la biodiversidad, la sociedad y los mercados.

Desde nuestra experiencia, consideramos que se debe impulsar una estrategia en los aspectos organizativos para fortalecer economía del campo, lograr la integración regional de las actividades productivas, e impulsar estructuras sociales que permitan dar respuesta a los problemas puntuales de los ejidos y las sociedades de producción del campo. Para esto, se requiere promover el intercambio técnico–administrativo, fortalecer la creación de unidades productivas que encaren al sistema comercial, a través de instrumentos integradores, mediante esquemas técnicos, administrativos, parafinancieros, mediante fondos mixtos de capital y de garantía con la participación del Estado y los productores, a partir de las potencialidades internas de la propia comunidad, llevándolas a un nivel técnico y de organización productiva y comercial eficaz.

En administraciones pasadas el Estado mexicano promovió el financiamiento del desarrollo de empresas sociales sin los componentes de asistencia técnica, organización social y económica, como si el crédito o financiamiento por sí solo promoviera el desarrollo de unidades económicas sociales sólidas. Cabe decir que el artículo 25 de la Constitución establece la obligación del Estado para el fomento de empresas sociales, integradoras, entidades financieras, cooperativas de producción, etcétera.

Sin embargo, con base en las leyes secundarias y el código mercantil se promueven programas con reglas de operación basadas en criterios ajenos a las necesidades del desarrollo; por ejemplo, la gran mayoría de los programas federales se orientan al financiamiento de los grupos ejidales, abandonando los esfuerzos de los grupos sociales del campo en la formación de estructuras integradoras, esquemas cooperativos que superan o van más allá del ejido y la comunidad, hacia esquemas regionales. Sería importante que el Estado se planteara un debate nacional sobre el rol del ejido en la economía rural y la conveniencia de apoyar las iniciativas de economía solidaria a partir de la organización cooperativa de la economía social del campo.

Luego entonces, de no fortalecer este enfoque en “Sembrando vida”, se corre el riesgo de provocar una severa devastación de la selva y los bosques para hacer espacio a la siembra de árboles frutales; porque independientemente de que las reglas estén establecidas, la necesidad e interés de la ciudadanía ha sobrepasado ya la capacidad de manejo del personal operativo y de verificación antes de hacerse acreedores al apoyo. Recordemos cómo fracasó el Programa Nacional de Desmontes, hace algunos sexenios, un programa nacional de deforestación que acabó con gran parte de nuestra biodiversidad; en esa época se decía: “que sólo los caminos se queden sin sembrar”, y los estados de Campeche y Quintana Roo fueron prueba del gran fracaso.

La relación con el agua.

Sembrando vida” puede ser sembrando alimentos y sembrando bosque; podemos producir alimentos reconstruyendo los bosques nativos, donde su biodiversidad genera mayor capacidad de servicios ambientales; por ejemplo, el turismo en la Península de Yucatán, que se sostiene de la cobertura y los paisajes forestales. Sustituirlos o destruirlos sería un suicidio y un fracaso programado también para la economía turística.

Las comunidades rurales y las economías solidarias no están negadas al intercambio; estamos convencidos, porque lo hemos probado, de que la mejor estrategia es integrar procesos productivos sectorizados, regionales, con estructura e infraestructura para enfrentar los mercados con fuerza y competitividad, sin abaratar la mano de obra para que los intermediarios se aprovechen del acopio y la distribución.

Debemos pensar juntos cómo integrar la cadena de valor por región, por productos, mercados, es decir: producción, distribución y consumo de todos los productos que obtengamos con esta nueva estrategia. La estrategia de “Sembrando vida” no debe ser solo para alimentos, sino para alimentos y biodiversidad.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se promovió la desconcentración de las empresas estratégicas estatales. Con esto, las empresas paraestatales encargadas de concentrar la oferta del campo desaparecieron, el campo sufrió una importante contracción, el estado jurídico del ejido cambió de usufructo a propiedad ejidal, y se alentó la pulverización de la propiedad agraria. Muchos ejidatarios vendieron los medios de producción con los que habían formado su patrimonio por muchos años.

Ahora bien, si reconocemos que las comunidades rurales del país no están negadas al intercambio, debemos generar estructuras sociales productivas de carácter empresarial y competitivas, y para ello se necesita capacitación y acompañamiento. El gobierno debería proveer las herramientas de análisis y discusión al interior de las comunidades para fortalecer los proyectos con visión regional, sectorizada, que contemple con claridad la naturaleza de cada región, y consolidar la organización social productiva con carácter empresarial, que responda a las necesidades actuales y haga frente al combate de cambio climático.

Apicultura en la selva maya.

Tenemos experiencias exitosas que debemos retomar: en 1983 se promovió un cambio estructural profundo de la economía forestal comunitaria, pero se abandonó en los sexenios del neoliberalismo. En esa época se promovió el Plan Piloto Forestal, en Quintana Roo; la mayoría de los ejidos forestales desarrollaron un sistema de aprovechamiento a través de las áreas forestales permanentes. De 1983 a 1988 los ejidos del sur de Quintana Roo adquirieron un parque de maquinaria de más de 52 unidades de extracción, arrastre, aserrío y comercializaban directamente sus productos.

Sin embargo, como resultado de la política neoliberal de los años recientes no sólo no se consolidaron esas empresas ejidales, sino que, con los cambios en la política agraria se desencadenó un proceso de descapitalización de la planta productiva comunal, la mayoría de la maquinaria de extracción y de aserrío se vendió, y de la empresa ejidal se pasó a la conformación de grupos, la mayoría solo para comprar madera. El resultado fue la concentración de los volúmenes de la madera más comercial en pocas manos, mientras que los ejidos conservaron solamente el control del manejo técnico y normativo del bosque con el apoyo de organizaciones locales encargadas de mantener los servicios técnicos forestales.

Además, en años recientes, la falta de compromiso del gobierno contribuyó al fracaso de rotundo de los programas de desarrollo forestal. Los productores forestales quedaron al margen de la planificación, tuvieron problemas de asistencia técnica, ausencia de financiamientos adecuados y oportunos, deficiente sistema de abasto de insumos y malos manejos financieros. Este retroceso ha obligado a los campesinos a regresar a formas de producción que solo benefician a los sistemas de intermediación tradicionales que impactan en forma muy negativa la conservación de los recursos forestales.

Se ha dejado de lado la gran capacidad de producción de los productos forestales no maderables y otros servicios ambientales que se obtienen de los bosques y selvas. Estos recursos son una alternativa para reducir la sobreexplotación de madera, la degradación de los recursos naturales, y representan una fuente potencial de alimentos e ingresos económicos para los ejidos y comunidades rurales. Estos productos pueden clasificarse en comestibles (frutos silvestres, hongos, nopales, fauna silvestre, entre otros), ornamentales (musgo, palma, orquídeas…), medicinales (tila, árnica, cola de caballo, retama, y muchas otras), combustibles (leña y carbón), de jardinería (tierra de monte, piedras) y de construcción (tierra para ladrillos y relleno de construcciones).

Un ejemplo del aprovechamiento exitoso de recursos forestales no maderables es la elaboración de una goma de mascar, natural, orgánica y biodegradable en la Península de Yucatán, bajo el esquema organizativo y de valores de la economía solidaria.

Este proyecto organizativo partió de dos consideraciones:

• Estructurar una organización económica a partir del sector productivo con una perspectiva regional de los productores, a través de las cooperativas y sus socios, debido al avance tecnológico del sistema productivo y la estabilidad de las relaciones comerciales del látex y otros productos forestales y sus derivados compatibles con la conservación de los ecosistemas.

• Consolidar una organización social forestal productiva con carácter empresarial que impulse un nuevo concepto de la organización forestal comunal, partiendo de las potencialidades internas de la comunidad, llevándolas a un nuevo nivel técnico y de organización productiva comercial.

Hemos probado que bajo el modelo productivo del chicle se obtienen mejores y mayores ingresos para el productor forestal, se crean mecanismos de redistribución justa y equitativa a través de mejores precios para el producto, mejores condiciones de seguridad social, de educación y de salud que elevan el bienestar económico y social de los productores dedicados al aprovechamiento de este noble recurso, de sus familias y de sus comunidades. •