El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PPEF). Como en años anteriores, la discusión se centró en qué programas o dependencias públicas ganaron o perdieron con el PPEF. De las declaraciones recogidas por la prensa o boletines emitidos se escuchan las siguientes afirmaciones:

1. Resulta preocupante que en el PPEF 2020 se ajuste drásticamente el Presupuesto para el Campo porque ello significa el riesgo de pasar de un Estado mínimo a un Estado ausente y generador de pobreza: CAP, CNA, CNPR, CNG, CNC. 2019.

2. Damos la bienvenida a los programas sociales que contribuyen a superar las condiciones de pobreza y marginación. No obstante, es necesario fortalecer esquemas de inclusión productiva… Por ello, resulta grave la drástica reducción que se propone a los programas con impacto productivo operados a través de la Sader.

3. Se advierte que “…no se podrá hacer frente al Ingreso Objetivo del ciclo agrícola otoño-invierno 2018/19 y primavera-verano 2019, dejando a más de 128 mil productores sin una red de seguridad al ingreso…”, y esto “…puede afectar el otorgamiento de créditos de avío, ya que funcionaba como mecanismo para garantizar el pago de los empréstitos”.

4. El financiamiento de Fideicomiso Instituido en relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) “…desaparece… nos desmantelan el tema de comercialización… nos desmantelan sanidad e inocuidad, a los estados, las concurrencias les dan cero…”

5. El directivo del CNA, que agrupa a los agroempresarios del país, advirtió que perder el estatus fitosanitario sería catastrófico porque no solo podría afectar las exportaciones sino también a la producción de alimentos.

6. El campo fue abandonado en 2019 por la 4T ya que en el 2020 le van a quitar 19 mil millones de pesos en el presupuesto. “Y esto a pesar de que ha generado divisas por 25 mil millones de dólares anuales… Ante la política de abandono del campo ese año, sobre todo del sector productivo, tenemos una caída del 3.4 por ciento en el crecimiento”… El gasto social es un subsidio que no genera ingresos. “Lo que el país requiere es impulsar un sector que te está trayendo ingresos en el medio rural. Hay que invertir en el sector productivo para generar más gasto social”.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propuso una serie de cambios en la política pública para el campo y los estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2020. En el eje Economía se definieron las directrices a seguir: i) mantener finanzas sanas bajo el principio de: no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública; ii) impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, en donde se establece que el gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria; iii) autosuficiencia alimentaria y rescate del campo, donde se señala con precisión cuáles son las prioridades del nuevo gobierno.

El PPEF 2020 responde con claridad a estos mandatos. Corresponde a los lineamientos establecidos en la normatividad sobre la planeación y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH). Cuáles son los cambios que distinguen a la política pública del nuevo gobierno y que se reflejaron en el PPEF 2020:

La apuesta es por los estados más pobres, por los pequeños campesinos, por el sur sureste.

1. Economía para el bienestar. ¿Qué sentido tenía mantener una estructura programática del PEC con más de 150 programas o componentes si la mayoría de los productores rurales solo recibía un solo programa o a lo mucho dos, en su mayoría de la vertiente social? El actual gobierno, como lo indican las recomendaciones de política pública, decidió concentrar en pocos programas, con mayor cobertura, focalizados en los pequeños productores y en el sur sureste; para 2020 se espera se haya canalizado a los cinco programas prioritarios el 70 por ciento por ciento del presupuesto de la Sader.

   Solo unos ejemplos del cambio que contrastan con lo que se hacía anteriormente: el Programa El Campo en Nuestras Manos (Campo) atendió en promedio 22 mil mujeres por año, mientras que, para septiembre del 2019, el Programa Producción para el Bienestar (PpB) apoyó a 465,131 mujeres. Para que el programa de mujeres alcance las coberturas de PpB se requerirían 21 años. El programa Arráigate (Joven emprendedor y fondo de tierras) requeriría de 40 años para alcanzar la cobertura de PpB, y el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena necesitaría de 6.6 años. Esto sin incluir en el ejercicio, los apoyos a café, que en su mayoría están dirigidos a productores indígenas.

2. Por el bien del país, primero los pobres. El actual gobierno consideró que contar con predios georreferenciados y realizar la entrega de los apoyos de manera directa debería de mejorar el Proagro Productivo (hoy Producción para el Bienestar, PpB) y no desaparecerlo. Las modificaciones que implementó en 2019 consistieron en: a) disminuir aún más la regresividad y tasar los apoyos hasta 20 hectáreas; b) ampliar la cobertura en localidades indígenas al incorporar a 250 mil productores indígenas; c) agregar la acreditación de incentivos por la utilización de prácticas agroecológicas, d) desparecer el PIMAF e incorporar a sus beneficiarios que acreditaron su predio a PpB, con lo que se limpió el padrón, se eliminaron duplicidades y se generaron ahorros significativos al erario público, y e) concentrar sus esfuerzos en pequeños y medianos productores: siete de cada diez apoyados tienen menos de 5 hectáreas, tres tienen más de 5 y hasta 20 hectáreas y focalizar en el sur sureste (Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz) como lo mandata el PND, sin descuidar a los productores del norte. Como lo declaró el Subsecretario de Alimentación y Competitividad: los lineamientos de PpB, en su título 2, establecen que los beneficiarios deben acreditar (comprobar) la aplicación del incentivo en mejoras a la actividad productiva.

3. Pasar de la intermediación a la entrega directa. ¿Cuál era el sentido de mantener apoyos a proyectos productivos que no superaban los tres años de vida en ocho de cada diez casos, y como lo señaló Coneval, en ocasiones ni siquiera llegaba el recurso a los productores? Esta realidad llevó al actual gobierno a decidir entregar de manera directa el subsidio, con los siguientes beneficios: 1) el apoyo llega al productor, quien toma la decisión de aplicarlo en lo que más le convenga; 2) se entrega oportunamente antes de la siembra, como sucedió en 2019; 3) tiene una mayor cobertura; solo este año se incorpora a poco más de medio millón de productores; 4) una vez georreferenciados todos los predios y bancarizados todos los productores inscritos en el Padrón del Bienestar, la entrega del estímulo será directa desde la Tesorería de la Federación al productor, sin intermediarios, y con ahorro para el gobierno.

4. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Los programas prioritarios de la Sader tienen como población objetivo a los pequeños productores. En PpB siete de cada diez productores tienen 5 hectáreas o menos; los apoyos al cultivo de café son para cafetaleros con menos de 2 hectáreas; en caña de azúcar el 71 por ciento será para productores de hasta 5 ha; en el Programa Precios de Garantía, para el caso de maíz, los apoyos son para predios hasta con 5 ha de temporal y en frijol hasta 20 de temporal y 5 de riego; el Programa Crédito Ganadero es para productores de hasta 35 cabezas de ganado. Asimismo, del presupuesto dispersado en 2019 por PpB, el 69 por ciento se destinó a cinco estados del sureste. Esto es totalmente contrario a lo que sucedía anteriormente, en donde el presupuesto de la Sagarpa, de FIRA, FND y susidios a la energía eléctrica se concentraban en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Jalisco, y en productores con predios grandes.

   El financiamiento al sector agropecuario, forestal y pesquero continúa en 2020. En el caso del financiamiento se mantiene en 2019 y hasta 2024. Al cierre de agosto de 2019, con recursos de fondeo FIRA, se colocaron en el sector 194,688 millones de pesos, a través de intermediarios financieros bancarios, no bancarios y la FND. A esa misma fecha, FIRA presentaba un saldo de financiamiento de 190,687.2 mdp. Por otro lado, la FND colocó créditos por 41,849.3 mdp, con recursos propios, fondeo interno y externo, presentando un saldo de cartera de 56,964.6 mdp. Lo que se eliminó de financiamiento en el PEC fue la parte de subsidio que se usaba para capacitación, acompañamiento técnico y apoyo a organizaciones. Lo que se tendría que estar discutiendo en estos momentos no son los montos a asignar de subsidio al financiamiento, sino cómo alcanzar tasas de interés competitivas, cómo lograr que pequeños y medianos productores accedan al financiamiento, y cómo usar los apoyos de los programas prioritarios como garantías liquidas para potenciar sus recursos.

5. La política de sanidad e inocuidad se mantiene. Como atinadamente lo declaró el director en jefe del Senasica (La Jornada, 25 de septiembre 2019), no es cierto que los recortes presupuestales pongan en riego el estatus fitosanitario del país. Si bien el recorte afecta los programas de sanidades en 9.2 por ciento de su presupuesto para 2020, el Senasica aumenta su capacidad operativa en 10 por ciento, al asignarle un presupuesto mayor. En términos reales, el presupuesto del Senasica para 2020 es superior a lo que se asignaba cada año durante el periodo de 2003-2015.

6. Economía para el bienestar. En la discusiones sobre el PPEF 2020 los análisis se centraron en lo registrado en el PEC, sin hacer mención a otras acciones del gobierno federal que incidirán de manera directa en el campo mexicano y que son inversiones en bienes públicos: el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes Construyendo el Futuro; Jóvenes Escribiendo el Futuro (que tiene como beneficiarios a jóvenes de la Universidad Autónoma Chapingo; Universidades Interculturales y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro); creación del Banco del Bienestar; los proyectos regionales; Ciencia y Tecnología; acceso al Internet, y los 13,400 Centros Integradores para el Desarrollo (CID) que permitirá una atención cercana a los productores, con acceso a dichos centros a menos de hora y media a pie. Todas estas acciones permitirán que los productores tengan acceso a múltiples servicios sin necesidad de recorrer grandes distancias y sin implicarles erogaciones económicas costosas. Lo que se busca es reconstruir el tejido social, incidiendo con ello de manera directa en la pacificación del país. En este sentido, sería bueno preguntarnos, ¿Cuánto cuesta generar comunidad?

   De la intermediación a la entrega directa.

7. Autosuficiencia alimentaria. Alcanzar la autosuficiencia alimentaria para el 2021 en maíz y frijol y tres años más tarde en arroz, carne de res, cerdo, aves y huevos, implica cambiar la orientación de la política pública en materia de comercialización. La nueva orientación de la política comercial explica la disminución de presupuesto al Programa Ordenamiento de Mercados de Granos y Oleaginosas Agromercados Sociales y Sustentables. Ahora las acciones se concentran en el Programa Precios de Garantía, impulso a los mercados regionales, venta de productos locales en tiendas Diconsa, definición de la canasta básica ampliada y acorde con nuestros consumos históricos, etiquetado frontal (ya aprobado en la Cámara de Diputados), el impulso de la Ley de Maíces Nativos (aprobada el 24 de septiembre en el Senado de la República).

8. Faltaría agregar la regulación de las importaciones por parte de la Secretaría de Economía, especialmente en los momentos de la cosecha nacionales. Todas estas acciones no requieren de subsidios o presupuesto asignado al PEC, son funciones establecidas en los manuales de las distintas secretarías. La nueva visión del gobierno pretende romper con la percepción de que solo se puede hacer política pública con subsidios, que fue lo que prevaleció en los pasados 30 años, sin buenos resultados para el campo mexicano, como lo reflejan las cifras socioeconómicas del comportamiento del sector. Es el momento de empezar la discusión sobre las orientaciones de la política pública más allá de los montos asignados en el PEC. Lo que debemos preguntarnos es ¿cómo las instituciones cumplen con sus funciones sin requerir forzosamente de subsidios? •