El programa de fertilizantes es una de las propuestas del gobierno de la cuarta transformación que más controversia ha causado entre las huestes rurales progresistas de México, desde el planteamiento de regalar químicos en las zonas más marginadas, en especial en el estado de Guerrero, hasta destinar grandes recursos del presupuesto federal para rehabilitar la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, Veracruz, “… como asunto de interés nacional para la seguridad y soberanía alimentaria. Así como asegurar para los pequeños productores agrícolas los fertilizantes a precios accesibles”. Esto equivale -guardadas todas las proporciones- a construir una fábrica de aspirinas y repartirlas para remediar los resfriados; en el caso de los fertilizantes nitrogenados derivados del petróleo, con productos peligrosos y contaminantes desde su fabricación, distribución y aplicación, que a un enorme costo ambiental, sí, aminoran temporalmente las molestias, pero no resuelven la causa del problema: la pérdida de la fertilidad de los suelos agrícolas. Por el contrario, la empeoran, inhibiendo y luego destruyendo, con su aplicación, a los microorganismos responsables de convertir los minerales y materia orgánica de las tierras en el alimento de las plantas de las que dependemos para vivir. El reto es, entonces, pasar de un programa de fertilizantes a uno de fertilidad de suelos.

Como cada otoño en México, después de ser enviado por el Ejecutivo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente ejercicio a la Cámara de diputados, se desata una etapa de intensa negociación y cabildeo de los diversos grupos de interés y sus personeros, intentando que los legisladores agreguen mayores recursos a los conceptos de inversión que cada uno considera importantes, para aprobarlo antes de terminar el año. Luego, la bola regresa al Ejecutivo quien, a más tardar el último día de febrero, debe tener listas las reglas de operación de los programas sujetos a éstas, como el referido aquí.

Por la composición partidista de la Cámara baja, posiblemente no habrá demasiados cambios en los montos y los programas del proyecto del PEF, particularmente en lo relativo al medio rural. Por ello, es importante aprovechar este tiempo para pensar, debatir y proponer desde ahora los cambios a las reglas de operación del programa de fertilizantes y varios más en los que, analizando las del 2019, en contraste con lo dicho al principio y para ser justos con esta administración, aparecen por primera vez en la historia en un programa federal, los términos “Abonos verdes, bioenergía, biofertilizantes, bioinsumo y biomasa” en cuatro componentes del Programa de fomento a la agricultura: 1. Capitalización productiva agrícola, donde 1 de los 5 conceptos de incentivo es adquisición de insumos agrícolas de nutrición y manejo de riesgo sanitario con registro ante Cofepris; 2. del componente Estrategias integrales de política pública agrícola, del subcomponente sustentabilidad y bienestar para pequeños productores de café, en el que se considera el concepto de incentivo Insumos de nutrición y fungicidas orgánicos y convencionales, entre otros; 3. el componente de Investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola, para la producción de bioinsumos, y 4. el componente de mejoramiento productivo de suelo y agua, del incentivo para la recuperación de suelos con los conceptos de adquisición de bioinsumos agrícolas y adquisición, establecimiento e incorporación de mejoradores del suelo y abonos verdes.

El problema es que en todos estos componentes se tienen otros conceptos de incentivo muy demandados como invernaderos, equipos y herramientas, lo que encarece los recursos disponibles. Una solución puede ser que proyectos “Bio” tengan una ponderación de un 25% mayor que el resto en los criterios de evaluación para selección.

Sobre el programa de fertilizantes, las reglas de operación 2019 tienen como objetivo aumentar la disponibilidad de fertilizantes químicos y biológicos con apoyos en especie, para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación; la población objetivo son los pequeños productores de cultivos prioritarios (maíz, frijol y arroz) con prioridad en los estados de la región sur-sureste del País. El concepto único de apoyo es fertilizante y se apoya hasta 450 kilos de fertilizante por hectárea, sin rebasar 3 hectáreas por productor. Es decir aunque el objetivo del programa “abre” la posibilidad a fertilizantes biológicos, el concepto la cierra, ya que para compostas o similares, 450 kilos por hectárea es muy poco y para microorganismos y otros bio-fertilizantes es demasiado. Fueron parámetros pensando en fertilizantes nitrogenados y fosfatados sintéticos, granulados, derivados del petróleo, de recursos no renovables, no en biológicos de recursos renovables, por lo tanto hay que establecer en este programa los conceptos de apoyo y unidades de medida adecuadas a compostas sólidas y líquidas; ácidos húmicos y fúlvicos, inóculos de microorganismos y harinas de minerales.

Aun con la reducción de 1,500 del 2019 a 1,000 millones de pesos del proyecto 2020, al ser los costos de estos productos mucho menores, la cobertura del programa no solo no se reduciría, incluso podría aumentar.

Por último, es importante mencionar los requisitos: muchas veces el Estado tiene otra forma, además de los subsidios, de impulsar actividades como la biofertilización: reduciendo o ajustando la regulación a las actividades que pretende promover. Esto podría aplicar en la sobrerregulación que hoy en día pesa sobre las diferentes posibilidades que la naturaleza y la ciencia ofrecen para mejorar sustentablemente la fertilidad de los suelos y nutrir los cultivos de los alimentos, fibras y bebidas que precisa la sociedad para tener una vida sana. El registro de Cofepris mencionado antes como un requisito a cumplir por un elaborador de compostas, microorganismos, extractos de algas y materiales orgánicos, de otra forma desperdicios problemáticos de disponer, que pretende ser proveedor de un programa o simplemente venderlos en circuitos comerciales dinámicos. Este registro le podría costar cerca de un millón de pesos y casi un año para obtenerlo, a pesar de que tienen un riesgo mucho menor que los plaguicidas, pero les aplica el mismo criterio de la Ley de general de Salud; el gobierno ayudaría mucho aligerando esta carga regulatoria. •