El Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional Agropecuario, el Confederación Nacional de Propietarios Rurales, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Confederación Nacional Campesina presentaron un posicionamiento conjunto de 10 puntos en los que expresan su preocupación por la propuesta de presupuesto para el 2020 enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Entre los temas que les preocupan están el recorte a numerosos programas: “Necesitamos programas sociales, pero también programas productivos. Damos la bienvenida a los programas sociales que contribuyen a superar las condiciones de pobreza y marginación. No obstante, es necesario fortalecer esquemas de inclusión productiva. Por ello, resulta grave la drástica reducción que se propone a los programas con impacto productivo operados a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto se reduce de 65,434.9 mdp en 2019 a 46,253.1 mdp en el PPEF 2020, lo que significa una disminución de 29.3%. De no corregirse esta propuesta, el país enfrentará una pronunciada caída de la producción agropecuaria y un marcado desequilibrio en la balanza comercial agropecuaria, así como, una disminución en los ingresos de los productores rurales, además de deteriorar las condiciones de vida y estabilidad social en el medio rural.

Agregan que “No se rescata al campo eliminando los programas productivos. Respaldamos el propósito expresado en el PND, cuando se afirma que el gobierno federal se ha propuesto como uno de sus objetivos romper el “círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria” y por ende impulsar la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo. Eliminar o reducir los Programas Productivos resulta contrario al PND y los compromisos asumidos por el Presidente de la República”.

Las organizaciones dicen estar de acuerdo con “otorgar la mayor prioridad al bienestar social y al combate a la pobreza. Seis de cada diez mexicanos que viven en el medio rural enfrentan condiciones de pobreza”. En lo que se refiere al combate a la corrupción, dicen estar de acuerdo en “promover la austeridad y entregar los recursos del campo de manera directa y sin intermediarios a los productores rurales. ‘…Que se ajusten los mecanismos, no los presupuestos…’”.

Subrayan que para tener finanzas sanas que impulsen el crecimiento “es indispensable realizar importantes ajustes que fortalezcan la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, lo que exige incrementar el presupuesto de los programas productivos del campo”.

Subrayan que coinciden en que “el Estado mexicano debe recuperar su fortaleza… Por eso, nos resulta preocupante que en el PPEF 2020 se ajuste drásticamente el Presupuesto para el Campo porque ello significa el riesgo de pasar de un Estado mínimo a un Estado ausente y generador de pobreza”. Añaden que en el campo mexicano vive el 25% de la población y al campo solo se le asigna el 5.4% del gasto total.

Acerca de la migración de población rural, las confederaciones dicen que es necesario “generar las condiciones económicas y sociales que permitan arraigar a la población en su tierra. En el campo eso se logra con esquemas de financiamiento, asistencia técnica, capacitación y apoyos al cultivo, producción y comercialización, medidas sanitarias y esquemas de aseguramiento, mismos que se ven afectados en la propuesta presupuestal. Un campo trabajando reconstituye el tejido social”.

Advierten que el campo enfrenta riesgos, entre ellos el de cambio climático, por lo que llaman a no escatimar recursos para su prevención, pues “están en juegos las condiciones de vida de millones de campesinos, pero también la producción y el abasto de productos básicos para la población”. •