Durante las décadas de 1980 y 1990, se registraron en México 506 muertes en promedio cada año por desastres, mientras los daños materiales ascendieron a cerca de 700 millones de dólares. En contraste, de 2000 a 2014, aunque los fallecimientos anuales disminuyeron a 186, las pérdidas materiales se triplicaron a 2 mil 147 millones de dólares, de acuerdo con Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En conferencia de prensa, Suárez Lastra presentó el documento titulado Del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia, en el que se plantean cambios sustanciales a la política pública en el sector.

El escrito está dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como a los próximos integrantes de su gabinete en las áreas involucradas con el tema, y fue elaborado por 13 científicos provenientes de nueve instituciones, entre ellas la UNAM. Es una propuesta surgida de la discusión académica en torno a la jerarquía y modalidades que debería tener la política pública en materia de gestión integral del riesgo de desastres.

Creado en mayo de 1986, el Sinaproc fue la respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.

A más de tres décadas de distancia, es importante la reflexión autocrítica y colectiva de la evolución y del papel que el Sinaproc ha desempeñado en la prevención de desastres con la evaluación, desde la perspectiva de política pública, del efecto de los cambios en su marco normativo y la pertinencia de los instrumentos institucionales y financieros, aseguró Irasema Alcántara Ayala, investigadora de IGg, en representación del grupo académico.

Aseguraron que la pretensión del próximo gobierno de transferir el Sinaproc a la Secretaría de Seguridad Pública sería un retroceso de tres décadas.

Pidieron reconsiderar el efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la intervención del Estado mexicano frente a desastres. Es fundamental transitar hacia una orientación de seguridad humana, centrada en la acción a favor de las personas, tal y como se define en los tratados internacionales de derechos humanos.