Basar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAIM) en una consulta popular es una decisión con una visión limitada y, en todo caso, tal ejercicio democrático debe formar parte de todo un análisis profundo que incluya diversas vertientes como la viabilidad financiera del proyecto, su ejecución en tiempo, forma y presupuesto, la proyección de la actividad económica que se espera con la obra, así como sus impactos ambientales, sociales y en las finanzas públicas, sostuvo Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

De cancelarse el proyecto que se lleva a cabo en Texcoco, advirtió, se pondrá en duda la capacidad de México para mantener proyectos de largo plazo y se mandará una señal equivocada a los mercados, calificadoras e inversionistas.

Además, aunque se haya dicho que los resultados de la consulta serán vinculantes, Francisco Gutiérrez Zamora, abogado y presidente del consejo técnico del IMEF, dijo que jurídicamente no puede serlo, porque la Constitución establece cuáles son los requisitos al respecto y éstos no se están cumpliendo, así que se trata de una consulta privada.

Manifestó que el único beneficio de que se lleve a cabo una consulta popular en octubre, cuando falta mes y medio para que formalmente asuma el poder el gobierno de López Obrador es que tienen margen para recular y que la inversión puede no asustarse.

Prevén resultado menor

La consulta tendrá un alcance menor a lo esperado debido a que se estima que tan sólo llegará a un 10 por ciento del electorado mexicano, y una decisión de tal envergadura como la construcción del nuevo aeropuerto no debe basarse únicamente en ella, insistió López Macri.

Cuestionado sobre los riesgos de salida de inversiones que el gobierno mexicano puede enfrentar si se cancela la obra en Texcoco, puntualizó: “se mandará una señal equivocada a las mercados y, sin duda, las calificadoras reaccionarían de manera inmediata y evidentemente pondrían en cuestionamiento la capacidad y soberanía del país para mantener sus proyectos de inversión de largo plazo.

Los mercados reaccionarían de manera importante a este anuncio y, de alguna forma, se verían afectados los intereses de nuestro país ante los inversionistas que confían en nuestro estado de derecho y capacidad del país para generar compromisos transexenales y que no cambien cada vez que haya nuevo gobierno.

México, abundó Gutiérrez Zamora, perderá credibilidad por no estar preparado para llevar a cabo proyectos trasexenales. Es un tema que también tiene que ver con la legalidad, y si se cancela la construcción del aeropuerto en Texcoco también tendrá un efecto económico muy costoso por las implicaciones legales que acarrerá, como el pago de fianzas o amparos.

Si bien el presidente del IMEF acotó que no se puede vincular directamente la decisión que tomarán los inversionistas en torno al aeropuerto con el proyecto del Tren Maya que pretende llevar a cabo el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró que se cancelaría el ambiente de confianza para generar fondos al respecto si se detiene la obra de Texcoco.

López Macri ponderó que el IMEF ve con buenos ojos que, en aras de la austeridad, el ahorro y la transparencia, el nuevo gobierno pretenda revisar los contratos, garantizar esquemas más eficientes de inversión y a menos costo del NAIM, porque abona a que el dinero de los mexicanos se invierta de manera inteligente y responsable.

Todo eso, remarcó, es bienvenido, pero objetó que sea el gobierno electo y no el formal o constitucionalmente en funciones el que se encargue de llevar a cabo la consulta que, dijo, obedece más a razones políticas que económicas y puede ser el error de octubre de un gobierno que aún no está en funciones.

No es la forma adecuada de decidir; las decisiones se toman con base en números, impacto, beneficio, rentabilidad y viabilidad del proyecto, sobre todo cuando el nuevo aeropuerto puede ser un detonador importante de la economía de México, puntualizó.