Al amparo del cumplimiento de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar información sobre la cantidad de casos detectados en relación con México. Con ello revocó la negativa de la dependencia, cuyo argumento fue que se hizo llegar la información bajo el rubro de confidencialidad.

Al resolver el recurso promovido por un particular se estableció que este tipo de información permite valorar el proceder de gobierno para combatir realmente la corrupción en el país. Según el comisionado ponente, Joel Salas, la utilidad de la información pública va más allá de la rendición de cuentas; puede servir para que las nuevas autoridades y la ciudadanía colaboren entre sí para asegurar que casos como Odebrecht no ocurrirán con impunidad ni se repetirán.

En las consideraciones se refirió a que el caso Odebrecht es emblemático de los sobornos entregados a los gobiernos a cambio del otorgamiento de contratos. México está entre los países de la región donde esta firma de origen brasileño ha operado.

Según estimaciones de la propia OCDE, un soborno de un millón de dólares puede provocar pérdidas hasta de 100 millones de dólares en un país con pobreza, porque socava los planes de desarrollo y provoca que funcionarios respondan a intereses particulares y no a las necesidades de los ciudadanos, justificó el comisionado.

Al responder al particular, la SFP dijo que la información intercambiada con la OCDE era confidencial. Sin embargo, en el análisis del caso se advirtió que es de carácter estadístico y sólo es parte de la información documentada en la matriz de posibles casos de cohecho, y no de la matriz en sí, por lo que no contiene datos que hagan identificables a las personas que pudieron haber cometido el delito en cuestión.