Madrid. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma independentista Ómnium Cultural, respectivamente, se encuentran en la prisión de alta seguridad de Soto del Real desde hace un año, a la espera de un juicio por su participación en el proceso independentista de Cataluña. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) calificó de injustificable su situación y exigió al Estado español su liberación inmediata.

Los Jordis, como se les conoce, fueron citados a comparecer ante la Audiencia Nacional el 16 de octubre de 2017 por la juez Carmen Lamela, acusados de sedición. Los líderes separatistas fueron investigados y señalados por los hechos que ocurrieron en Barcelona el 20 y el 21 de septiembre del año pasado, cuando se concentraron en la Consejería de Economía del gobierno catalán miles de personas, supuestamente convocadas por sus respectivas asociaciones, para impedir que una delegación judicial enviada por tribunales españoles registrara e incautara documentos y pruebas relacionadas con el proceso soberanista.

Tanto Sánchez como Cuixart estuvieron en las protestas; incluso hay fotografías de ellos parados encima de una patrulla de la Guardia Civil que había sido atacada por los manifestantes y megáfono en mano se dirigían a toda la ciudadanía ahí congregada.

Con base en esos hechos, la juez de la Audiencia Nacional decidió abrir un proceso en su contra por el delito de sedición, al que sumó varios más por su presunta vinculación en la organización del referendo y la posterior declaración de independencia.

Tras presentarse a comparecer, los dos fueron enviados a la prisión alta seguridad de Soto del Real, donde suelen enviar a los presos más peligrosos del país y en el que han tenido que someterse a un estricto método de enclaustramiento.

Esteban Beltrán, presidente de AI en España, advirtió que la prisión cautelar constituye una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Citó, además, dos resoluciones recientes del Tribunal Supremo en las que se rechazaron las peticiones de libertad. El Tribunal Constitucional también rechazó suspender cautelarmente la situación de prisión provisional de Jordi Sánchez en al menos tres ocasiones. En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a la detención de ambos, las autoridades judiciales han agravado esta injusticia, aseguró Beltrán.

AI advirtió que “los cargos que pesan contra los Jordis, según la información de la que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados. En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, podría tratarse de una alteración de orden público y ser objeto de sanción penal. Pero atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, añadió Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.