La Procuraduría General de Justicia (PGJ) postergó el ejercicio de la acción penal por homicidio, lesiones y uso ilegal de atribuciones y facultades contra Francisco Chíguil, alcalde de Gustavo A. Madero, y Rafael Bustamante, ex director de Gobierno de esa demarcación, por los hechos ocurridos en la discoteca News Divine.

Al concluir este lunes el plazo fijado para que la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos actuara penalmente contra ellos, los padres de Jennifer Jiménez, quien murió en ese lugar, y de Érika Roca, quien presenta lesiones de por vida, realizaron un cierre simbólico de la dependencia.

Con el apoyo de familiares y amigos se apostaron en la entrada principal con cartulinas de colores, donde exigieron no al influyentismo, no más impunidad y no queremos más jóvenes muertos, sino justicia, y colocaron un número 12 gigante de color rojo, en recuerdo de los jóvenes y policías que murieron el 20 de junio de 2008.

Brenda González, defensora de las víctimas, explicó que las denuncias fueron presentadas en junio por los familiares de Jennifer, y este lunes debía ejercerse acción penal, lo cual no sucedió, pues el coordinador de asesores del procurador, Ricardo Nájera, señaló que esta área se hará cargo de las investigaciones para llegar a una determinación final, pero no hay fechas.

Los familiares de ambas víctimas, sin embargo, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) en contra de Chíguil y Bustamante por filtraciones del expediente, y valoran cerrar el caso en el ámbito nacional e ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a ampliar la denuncia presentada en 2015, señaló.

La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, informó que se investigará esta queja, presentada la semana pasada, y los acompañarán en la medida que lo requieran y hasta en la elaboración de la demanda y/o ampliación que realicen, pues no han encontrado justicia, y lo más importante es evitar que haya impunidad.

Su demanda de escalar a cortes internacionales es válida, pues la recomendación 11/2018 emitida por este caso no se ha cumplido en materia judicial, las víctimas no han tenido justicia y corresponde a la comisión acompañarlos en la parte técnica y entregarles los resultados de su nueva queja relacionada con la filtración de imágenes e información.

Ramírez reconoció que existe el riesgo de que, como ellos señalan, este caso quede impune.