En 2017 el impacto económico total de la violencia en México fue de 4.72 billones de pesos, lo que representa 20.67 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2018. Esta cifra significa que, en promedio, a cada mexicano le costó poco más de 33 mil pesos la atención de este fenómeno social.

Datos de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (Incytu) del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt) muestran que el costo de la violencia varía en cada estado.

Así, mientras en Yucatán, considerado uno de los estados más pacíficos, el costo por persona es de alrededor de 9 mil pesos, en Baja California –indicada entre las más afectadas por la violencia–, los habitantes pagan 94 mil pesos cada uno.

En Ciudad de México –con índices delictivos intermedios–, el gasto por persona es de 32 mil pesos.

La violencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause –o tenga muchas probabilidades de causar– lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

En un comunicado, el Fccyt explica que de acuerdo con la misma organización internacional, los tipos de violencia están catalogados de la siguiente manera: la autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones); la interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja, ancianos y personas sin parentesco), y la violencia colectiva (la que se da por motivos sociales, políticos, culturales o económicos).

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por conducto de la Incytu, es una de las organizaciones que participó en los foros de consulta para la pacificación convocados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Actualmente trabaja en un documento para mostrar cómo desde la ciencia se puede contribuir a alcanzar la paz.

La ciencia y los científicos pueden servir para resolver pacíficamente los conflictos entre culturas y naciones, comentó la maestra Mónica Ortiz, enlace legislativo e institucional del Incytu.