La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmó un contrato con una institución de educación superior para la realización de labores vinculadas con diversos programas, pero dicha universidad no tenía la capacidad técnica para ello, no se proporcionó evidencia de que los trabajos encomendados se hubieran llevado a cabo ni que el personal a cargo tuviera el perfil requerido, lo que derivó en un probable daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la cuenta pública de 2017, el organismo documentó que la Sagarpa contrató a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) mediante un procedimiento de adjudicación directa, como tienen permitido las entidades de gobierno al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El contrato obligaba a la casa de estudios a realizar labores de apoyo a la infraestructura tecnológica de la Sagarpa para soportar la operación de programas institucionales y garantizar su continuidad.

Al estudiar el documento, la ASF logró comprobar diversas irregularidades, entre ellas que en el proceso de contratación de la UPSZ no había documentación que justificara entregarle una adjudicación directa, así como que dicha universidad no contaba con el personal para prestar adecuadamente los servicios, por lo que contrató a 25 personas externas a la institución.

De igual forma, se documentó que varias de esas personas no tenían el perfil profesional ni académico necesario para el trabajo que les habían pedido originalmente, no había evidencias de que se hubieran presentado a realizarlo en el lugar encomendado para ello ni de que lo llevaran a cabo.

Asimismo, se comprobó que sólo una de las 41 acciones que debía cumplir ese equipo de trabajo se ejecutó en el tiempo determinado, seis más se realizaron fuera del plazo acordado. Pese a ello, no se aplicaron penalizaciones o una reducción a los costos del contrato.

Por todo lo anterior, la ASF advirtió que hubo un probable daño patrimonial por 8 millones 155 mil 930 pesos, ya que ocurrieron deficiencias relevantes en la gestión del contrato otorgado por la Sagarpa, dado que no se pudieron identificar las actividades realizadas por el proveedor, se presentaron desviaciones entre las labores reportadas y el producto final entregado, y no fue posible determinar que las personas encargadas de ello fueron realmente las autoras del trabajo.