Managua.

El Parlamento de Nicaragua estableció este domingo una Comisión de la Verdad para esclarecer la muerte de 45 personas durante las protestas antigubernamentales de hace dos semanas.

La comisión de la verdad, justicia y paz quedó integrada por cinco miembros que según el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, serán totalmente libres de hacer las investigaciones que crean necesarias.

Los integrantes de la comisión son notables nicaragüenses de diferentes sectores que están de acuerdo con el diálogo y la paz, sostuvo Porras al realizar la toma de protesta tras una sesión plenaria de 20 minutos.

Deberán informar de los resultados de sus investigaciones en un plazo de tres meses, indicó Porras.

Las protestas iniciadas por estudiantes el 18 de abril y que se extendieron a otros sectores contra una reforma al sistema de pensiones, provocaron 45 muertos y 400 heridos en todo el país, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, un organismo independiente.

Ortega revocó la reforma, que entre otras medidas aumentaba la cuota patronal y laboral, y reducía la pensión a jubilados, a la vez que convocó a un diálogo con mediación de la Iglesia católica, cuya fecha de inicio aún no ha sido definida.

La Asamblea Nacional de 92 escaños, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene mayoría absoluta, aprobó la instancia investigadora con el voto de 74 diputados y ninguno en contra. El opositor Partido Liberal decidió no participar.

La comisión quedó integrada por Cairo Amador, economista; Mirna Cunninhgam, ex rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense; Jairo López, vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades; Adolfo Jarquin, uno de los miembros de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, y el sacerdote Uriel Molina.

El cuerpo de investigación ya era cuestionado antes de rendir protesta por opositores al gobierno y organismos independientes de derechos humanos.

La Iglesia católica, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos exigen una investigación independiente con presencia internacional para determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas en cinco días de protestas.

Pero el gobierno rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar de forma urgente una visita al país para evaluar la situación.

El Ejecutivo nicaragüense pidió a la CIDH, ente autónomo de la OEA, esperar el resultado del diálogo y la creación de la Comisión de la Verdad.