Un grupo de ex trabajadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra diversos funcionarios de dicha casa de estudios –incluido el actual rector y el secretario general–, por estar involucrados en casos de presunto desvío de recursos desde 2010.

Enrique Rascón Pérez, ex profesor de la Uach y vocero de los denunciantes, explicó en entrevista con La Jornada que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la del estado de Chihuahua han logrado documentar varios casos de manejo indebido de recursos en la institución educativa.

Uno de los principales involucrados es el actual rector de la Uach, Luis Alberto Fierro Ramírez, quien antes ocupó la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de esa casa de estudios, y fue miembro del consejo universitario y el consejo de directores.

Rascón Pérez recordó que la Auditoría Superior de Chihuahua señaló que en el ejercicio de la cuenta pública 2012, cuando Fierro era director de la FFL, aprobó un gasto de 12 millones 878 mil pesos para la compra, por adjudicación directa, de material de apoyo y capacitación y la adquisición de libros y cuadernos de inglés, para los alumnos de un diplomado, sin tener los contratos correspondientes.

De igual forma, en el ejercicio 2014 tuvo un manejo inadecuado de 49.9 millones de pesos que recibió esa misma facultad para la impartición de cursos y diplomados, pues se detectaron cantidades extra en cuentas bancarias que no fueron reportados ni reintegrados a la Secretaría De Educación estatal.

La contraloría chihuahuense determinó en una auditoría que la FFL no abrió una contabilidad independiente para el mencionado programa educativo, no presentó información financiera y presupuestal bajo los criterios de transparencia y control, ni registró las transacciones bancarias realizadas con los fondos que había recibido.

Otro ejemplo de malos manejos donde se vio involucrado Fierro es la falta de documentación para comprobar el gasto de 10 millones 651 mil pesos en que incurrió la Uach al haber encargado a una empresa de Nuevo León la evaluación y certificación de 850 alumnos y mil 500 docentes, de nuevo sin mostrar el contrato ni demostrar que dicha prueba se llevó efectivamente a cabo.

Por todo lo anterior, los inconformes le solicitaron a la ASF y a la Secretaría de la Función Pública que les expliquen qué curso han seguido las investigaciones, para después interponer una denuncia ante la PGR.