A partir del gobierno de Ernesto Zedillo se incrementaron las acciones para combatir al crimen organizado y la participación de militares en esas operaciones; sin embargo, en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no existe ningún registro documental a ese respecto o que los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto hayan dado instrucciones por escrito que sustentara el despliegue de elementos castrenses en tareas de combate al narcotráfico o de seguridad pública.

En ese contexto, la fracción sexta del artículo 89 de la Carta Magna señala como parte de las facultades del Presidente de la República ‘‘preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación’’.

En tanto, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que ‘‘el mando supremo corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará comandante supremo de las fuerzas armadas’’.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial 37/2000, en la que estableció: ‘‘Ejército, Fuerza Aérea y Armada pueden actuar acatando órdenes del Presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones’’.

Diversos analistas han señalado la posibilidad de que no existan documentos en los cuales los mandatarios se responsabilicen del envío de tropas a los distintos operativos contra el crimen organizado, y por primera ocasión, en respuesta a una solicitud de información pública realizada por un ciudadano, la Sedena confirmó la inexistencia de datos en los que algún mandatario haya ordenado el despliegue de elementos para combatir a la delincuencia.

El pasado 26 de marzo, la institución castrense dio respuesta a la petición con folio 0000700048017, en la cual se le solicitaron ‘‘los documentos que consignen la aprobación, orden o instrucción del alto mando, esto es, el Presidente de la República, para el despliegue de elementos en tareas de combate al narcotráfico en todas las modalidades que realiza la secretaría, así como para combatir al crimen organizado, incluyendo las que se refieren a la seguridad pública, desde la administración del presidente Ernesto Zedillo a la fecha’’.

Se pide incluir ‘‘cualquier expresión documental que dé cuenta de la autorización para que las fuerzas armadas realicen tareas relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado, incluyendo las que se refieran a seguridad pública’’.

La Sedena respondió: ‘‘Se hace de su conocimiento que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó ningún documento o registro que dé respuesta de manera precisa a sus requerimientos’’, y para ello anexa ‘‘la resolución de inexistencia correspondiente’’.

La dependencia mencionó en su respuesta que ‘‘el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Defensa Nacional (mismo periodo) contienen objetivos, estrategias y líneas de acción de gobierno encaminadas a alcanzar las metas nacionales, como preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, donde se prevé la realización de operaciones coordinadas en los puntos neurálgicos del país y la coadyuvancia con las fuerzas policiacas’’.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se creó la Policía Federal Preventiva, con 5 mil elementos de la Policía Federal, la cual dependía de la Secretaría de Gobernación, para realizar acciones de seguridad pública y combatir a grupos criminales en distintas partes del país.

Asimismo, designó al frente de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud al general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien más tarde fue encarcelado por nexos con el entonces líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.

En junio de 2005, Vicente Fox puso en marcha el plan México Seguro, y anunció que esta estrategia era para combatir a los jefes de las cárteles de las drogas, bandas de secuestradores y otros delincuentes. Señaló que estas acciones –iniciadas en Sinaloa– continuarían ‘‘bajo la coordinación de autoridades civiles y militares’’.

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón lanzó la llamada ‘‘guerra’’ contra el narcotráfico, lo que dejó más de 120 mil muertos y más de 28 mil desaparecidos. Las primeras acciones se pusieron en marcha en Michoacán, su entidad natal.

En la actual administración se han mantenido operativos conjuntos –en los que participan las fuerzas armadas– en diversas entidades del país.