En 2016, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México atendió mil 281 denuncias, de las cuales 39 por ciento fueron interpuestas por mujeres despedidas por estar embarazadas. Aunque el organismo reconoció los avances en la capital del país para garantizar los derechos de este sector en materia de equidad y trato igualitario, continúan los estigmas y prejuicios para las mujeres sobre la conciliación entre la actividad laboral y familiar.

Como parte de la celebración del Día de la Madre, este 10 de mayo, el Copred realizó el conversatorio Estrategias contra el despido por embarazo, para coordinar esfuerzos entre la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad civil, explicó Jacqueline L’Hoist Tapia, presidenta de este consejo.

Por su parte, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Darlene Rojas Olvera, destacó que el derecho al trabajo es uno de los que más se vulnera y afecta a las mujeres. Por ello, hizo un llamado a romper con el prejuicio del costo que genera despedir a una mujer embarazada, comparado con el hecho de brindarle todas las prestaciones que por ley le corresponden.

Explicó que se crearon dos juntas especiales, una para atender casos de grupos vulnerables, entre ellos mujeres. Al respecto, la funcionaria dio a conocer que de los expedientes en trámite en esta junta especial, 18.8 por ciento corresponden a despidos por embarazo, 3.2 por ciento a discriminación y 2.9 a casos de acoso.

A su vez, la directora general del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero, consideró fundamental la creación de una ley de igualdad salarial y de trato, la incorporación de las licencias de paternidad en las empresas, reforzar el tema de la conciliación familiar y laboral, así como la realización de campañas de sensibilización y el establecimiento de medidas y estímulos para las personas empleadoras de mujeres.

Subrayó que las mujeres en la capital del país representan 48 por ciento de la población ocupada, por lo cual desde el gobierno se han realizado políticas públicas y legislativas para acotar las brechas de desigualdad.

Wendy Figueroa Morales, directora nacional de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, dijo que es necesario promover la autonomía y la autogestión económicas y propuso crear protocolos para sancionar las conductas discriminatorias en las empresas.