Comisiones de la Asamblea Legislativa (ALDF) se instalaron en sesión permanente para dictaminar las 11 iniciativas del sistema anticorrupción local.

El presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, afirmó que los anteproyectos sometidos a consideración de los grupos parlamentarios se elaboraron en gran parte con la participación de académicos, investigadores y grupos de la sociedad civil, para subsanar deficiencias del sistema nacional anticorrupción.

El legislador resaltó aspectos como la aplicación de la extinción de dominio a bienes de funcionarios a quienes se acredite malversación de recursos públicos a efecto de que sean destinados a subsanar el daño ocasionado a la institución, así como la posibilidad de realizar auditorías forenses en tiempo real sin la necesidad de que haya concluido la revisión de la cuenta pública.

Destacó también la obligación de jueces y magistrados del Poder Judicial de rendir declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, ya que dejaría sin sustento las acciones promovidas por éstos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la disposición prevista en la Ley de Transparencia.

Recordó que la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México confirió facultades a la ALDF para legislar sobre responsabilidades de los servidores públicos, en el contexto del mandato constitucional para expedir las leyes relativas al sistema anticorrupción local.

Ayer, en un hecho inusual –dado que la norma de la ALDF sólo permite que un asunto se turne a un máximo de dos comisiones para estudiar y dictaminar en conjunto– se instalaron y declararon en sesión permanente de comisiones unidas las de Administración Pública Local, Normatividad Legislativa y Procuración de Justicia, además de Transparencia a la Gestión, que preside los trabajos.

El paquete a dictaminar incluye, además de la que crea el sistema, la ley de responsabilidades administrativas; del tribunal de justicia administrativa (hoy de lo Contencioso Administrativo); orgánica de la fiscalía especial de combate a la corrupción y reformas a diversas disposiciones.