Padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y un grupo de normalistas mantienen bloqueados desde ayer muy temprano los tres accesos del edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en demanda de una mesa de diálogo con el procurador, Raúl Cervantes Andrade, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

El personal que desde las siete de la mañana empezaba a llegar a la dependencia no pudo ingresar y muchos permanecieron varias horas en calles aledañas, mientras los padres y madres advirtieron que dicha acción se levantará hasta concertar el encuentro con los funcionarios.

Hasta el cierre de esta edición el bloqueo de los tres accesos que tiene la dependencia –Paseo de la Reforma, Río Neva y Río Guadiana– se mantenía.

Esta decisión se tomó el día 18 del plantón indefinido que el Comité de Padres de los 43, un grupo de normalistas de Ayotzinapa y representantes de organizaciones civiles mantienen desde el pasado 20 de abril frente a la PGR, en exigencia de ‘‘avances concretos’’ en la investigación del caso Iguala y del paradero de los jóvenes desaparecidos.

En conferencia matutina, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, y el abogado Vidulfo Rosales, señalaron que la decisión del bloqueo se tomó debido a la ‘‘insensibilidad’’ de la PGR, pues desde hace más de un año no se ha avanzado en la líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Estas líneas son: investigar al Ejército Mexicano; aprehender a los policías federales y municipales de Huitzuco que participaron en la desaparición de los estudiantes; avanzar en el análisis de la telefonía celular de los aparatos propiedad de los detenidos y de los jóvenes desaparecidos, los cuales siguieron operando mucho después de los hechos, e investigar el trasiego de droga entre Iguala y Chicago, que al aparecer es uno de los móviles de la agresión a los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El abogado Rosales explicó que tras el bloqueo a la dependencia les llamaron vía telefónica el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Irene Herrerías, para señalarles que no habría diálogo si antes no liberaban los accesos.

Herrerías les informó que el procurador Cervantes no estaría en Ciudad de México en ‘‘toda la semana’’ y que sólo se reuniría con ellos ante la presencia de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que posiblemente visite el país a finales de este mes, según declaró el abogado Vidulfo Rosales.

Cerca de las 11:30 horas, poco antes de iniciar una marcha hacia el antimonumento +43, se presentó en el lugar la subprocuradora junto con el fiscal para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, para solicitarles de manera personal la liberación de los accesos. No hubo acuerdo tras casi 15 minutos de conversación.