Los amigos del gobierno
os negocios entre políticos y empresarios son muy rentables, por lo que sexenio tras sexenio surgen nuevos multimillonarios, tanto entre políticos como entre empresarios que participan en las obras públicas o en la venta de bienes y servicios al Estado.
Prácticamente en todos los gastos que realiza el gobierno, fuera del pago de salarios de los servidores públicos, existe la posibilidad de obtener un ingreso adicional para funcionarios y empresarios involucrados.
Si se es amigo del Presidente de la República, de secretarios de Estado o de gobernadores, los negocios se multiplican y pueden crear grupos empresariales más grandes que muchos de los que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Para poner un ejemplo, Juan Armando Hinojosa, de Grupo Higa, ha conseguido recursos multimillonarios desde el sexenio pasado mediante obras en el estado de México y en este sexenio a escala nacional, como la remodelación del hangar presidencial. Tan buena es la relación con el Presidente, que este empresario era el elegido para construir el sistema ferroviario entre la Ciudad de México y Querétaro, proyecto que se canceló por escándalos como el de la Casa Blanca de la pareja presidencial y de la casa de campo del secretario Videgaray.
Si hablamos de gobernadores, actualmente se investiga a cuando menos ocho ex mandatarios por la presión que ejerce la sociedad. Por desgracia el problema no atañe nada más a un solo partido político, donde destaca el PRI con creces, sino que es estructural e involucra a miembros de todos los partidos políticos que llegan al poder.
El hartazgo del pueblo por este fenómeno generalizado de corrupción ya llegó a los límites. Se aprecia que la política es sinónimo de robo contra la sociedad, y esta realidad marcará la imagen del sexenio a largo plazo si el presidente Peña Nieto no toma decisiones de fondo para controlarlo.
Lo primero que puede hacer el mandatario para no pasar a la historia como el sexenio de la gran corrupción es acercarse al Poder Legislativo para que apruebe la designación de un fiscal anticorrupción independiente. Por desgracia no se aprecia esa decisión política en el Poder Ejecutivo y mucho menos en el Legislativo, que quieren controlar al nuevo fiscal anticorrupción cueste lo que cueste.
