El dictamen sobre la iniciativa de ley de sustentabilidad hídrica que se pretende aprobar en el presente periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa (ALDF) contiene serias contradicciones en cuanto a la personalidad jurídica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y su sistema tarifario, advierte un análisis de la bancada de Morena.

De acuerdo con el documento, la aprobación del dictamen implicaría que las tarifas ya no serían fijadas por la ALDF, sino por el Sacmex, al dejar de ser un órgano desconcentrado y pasar a ser un organismo descentralizado.

El análisis, suscrito por la diputada de Morena Aleyda Alavez Ruiz, explica que el Sacmex es un órgano desconcentrado de la administración pública de la Ciudad de México adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente y auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de recaudación. Es decir, no tiene personalidad jurídica y patrimonio propios ni mucho menos autonomía técnica y de gestión.

Sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México recientemente aprobada otorga a este organismo personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, lo que constituye la definición de un organismo descentralizado, apuntó.

Sin embargo, el dictamen sobre la iniciativa de la ley de sustentabilidad hídrica que propone la Comisión de Gestión Integral del Agua pretende hacer un híbrido; esto es, que legalmente se siga llamando desconcentrado (de acuerdo con la fracción 65 de su artículo quinto), pero con las facultades de un descentralizado (de acuerdo con su artículo 8), lo que significa que contará con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y en consecuencia ya no estaría adscrito a la Sedema ni sería auxiliar de la Sefín, por lo que las tarifas del servicio serían determinadas por el Sacmex y ya no serían facultad de la Asamblea Legislativa por conducto del Código Fiscal.

Por otra parte, añade el análisis, se recomienda que el titular del Ejecutivo local fije un plazo para la expedición del reglamento del Sacmex, ya que en todo momento tanto la Ley de Aguas (vigente) como el proyecto de dictamen sobre la ley de sustentabilidad hídrica remiten a un reglamento inexistente.