El matrimonio forzado de menores de edad con adultos es un fenómeno que sigue existiendo en buena parte del país, y no ocurre sólo en los pueblos indígenas ni en los estratos socioeconómicos más bajos, pero a pesar de su gravedad ha permanecido como asunto invisibilizado ante el cual el gobierno ha sido omiso.

Así lo advirtieron los investigadores universitarios Norma Elena Negrete y Juan Fernando Viveros durante la presentación de su libro Autonomía y libertad: la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en su modalidad de matrimonios forzados, que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional de México.

En dicho volumen, los académicos analizan la práctica de las uniones maritales no consensuadas mediante un estudio de las leyes que abordan el asunto, las políticas públicas oficiales y una serie de encuestas para saber qué piensan del tema los adolescentes de la capital del país y de los estados de México y Guerrero.

El matrimonio forzado de niñas, niños y adolescentes es una realidad que no se circunscribe a los pueblos originarios ni es exclusivo de la pobreza, sino que está mucho más extendida en todo el país. Sin embargo, en esos sectores se recrudece y vuelve a poner énfasis en la violencia estructural que ya sufren dichos grupos, señalaron los autores del estudio.

Esta práctica, que afecta mayoritariamente a las niñas, tiene efectos devastadores para las víctimas, puesto que les impide el ejercicio de derechos básicos, como la educación, la salud y la protección contra la violencia.

De igual manera, este tipo de uniones suelen derivar en casos de maternidad forzada. Es una violación fundamental de los derechos de los niños y niñas, ante la cual no ha habido una política pública que aborde el problema de fondo. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar los derechos de los menores, subrayó Negrete.

Sin embargo, “este fenómeno está total y absolutamente invisibilizado. Hay que destacar que este es un problema nacional y (es necesario) no seguir discriminando a sectores de la población que ya sufren violencia estructural, o escudarnos en que se trata de ‘usos y costumbres’ y entonces es mejor no hacer nada”.

Durante la presentación del estudio, Christian Skoog, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, lamentó que no todos los estados del país señalen en sus leyes la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, pues siete entidades aún permiten excepciones.