El mecanismo para solicitar la alerta de violencia de género requiere cambios para mejorar su aplicación, coincidieron el coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, y María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La falta de tiempos definidos en éste ha permitido que se otorguen prórrogas no establecidas en el reglamento a los estados para que atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Ello, antes de que se decrete o no la alerta de género.

María de la Luz Estrada indicó que, a pesar de ser un mecanismo importante para seguir visibilizando el tema de los feminicidios, tenemos que mejorar todo el proceso de implementación y cumplimiento. Que establezcan claramente los criterios y no se dé apertura a lo discrecional para legitimar los procesos.

Las prórrogas no están estipuladas

Indicó que las prórrogas no están estipuladas en la ley. Si somos estrictos, en seis meses la autoridad evalúa si no cumplió, si se decreta la alerta de género. Pero si se plantea flexibilidad, se debe dar cuando en el análisis la autoridad muestre que está avanzando, lo que hizo y por qué se detuvo. Que haya elementos que la propia peticionaria conozca.

Pablo Navarrete reconoció que el proceso no determina ampliar los tiempos y que hay muchas cuestiones que tampoco quedan señaladas, como el plazo, después de que terminan los seis meses, para concretar una determinación de alerta de género, lo cual es uno de los temas identificados que serán propuestos para la reforma del reglamento.

Ello ayudaría, subrayó, a quitar la sospecha de que sean prórrogas indebidas o improcedentes.

En cambio, consideró, éstas contribuyen a que el Estado cumpla. Es decir, en seis meses es imposible que se revierta un patrón estructural de discriminación y violencia contra las mujeres. Partiendo de esa base es relevante considerar que si alguien que tenga una circunstancia específica pide una prórroga para implementar, no es de ninguna manera darle una ventaja inadecuada sobre el procedimiento.

En realidad, destacó, lo que inspira al Conavim y a la Secretaría de Gobernación a extender el plazo es para que se base en el cumplimiento de las medidas para proteger la vida y la seguridad de las mujeres.