De absolutamente reprochable y equivocada calificó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la forma en que la procuraduría capitalina difundió información sobre la investigación iniciada por el homicidio de Lesvy Berlín Osorio Martínez, quien fue hallada muerta el miércoles pasado en Ciudad Universitaria, y adelantó que habrá repercusión para los responsables de esto.

–¿Habrá consecuencias para quienes lo hicieron?, se le preguntó luego de inaugurar la feria México en el corazón, en la explanada del Zócalo capitalino.

Seguramente platicaré qué fue lo que causó esta desafortunada información, advirtió.

Mancera Espinosa puntualizó que en la Ciudad de México no puede haber este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con la política y cuidado de su gobierno a las víctimas.

Comentó que obviamente las instrucciones precisas que tengo con todas la áreas es respeto a las víctimas, a los derechos humanos y, por supuesto, cuidado con la información. Entonces, me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información.

Mancera Espinosa señaló que el Gobierno de la Ciudad de México brindará apoyo a la familia de Lesvy Berlín, y pidió esperar el resultado de las investigaciones para saber qué fue lo que pasó. No se puede adelantar nada, no debe haber resultados apresurados ni aventuras hacia qué fue o qué no fue, dijo.

En su cuenta de Twitter, la procuraduría capitalina informó que la joven, de 22 años, no estudiaba, debía materias, bebía alcohol, consumía drogas y vivía en concubinato, lo que provocó molestia en distintos sectores de la sociedad y la creación del hashtag #SiMeMatan qué dirán de mí.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México exhortó al procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza a tomar las medidas pertinentes por el actuar de los servidores públicos que difundieron información perteneciente a la esfera privada de Lesvy a través de las redes sociales.

Mediante un documento hace notar al funcionario que los mensajes difundidos por el área de comunicación social de la dependencia violan el principio de secrecía de una investigación y ponen en riesgo el derecho de acceso a la justicia de la víctima, al dar a conocer información pertenenciente a su esfera privada.