l llegar a la cárcel de Punta de Rieles, al este de Montevideo, en Uruguay, nada evidencia lo que esconden sus muros y alambrados. En su interior se descubre una panadería, una pizzería, fábricas de ladrillos y hasta un invernadero de lechugas.

Cada uno de estos emprendimientos tiene de responsables a los presos, quienes pueden mantenerlos funcionando una vez que cumplan sus condenas si están dispuestos a regresar cada día al lugar en el que estuvieron recluidos. Se trata de un programa de reinserción social que contempla a los acusados por diversas causas, excepto por delitos sexuales.

En un sistema carcelario como el de Uruguay, que con una población de 3.5 millones de habitantes tiene a 10 mil personas privadas de la libertad, los casi 700 internos de Punta de Rieles representan un porcentaje importante para un establecimiento de tipo “modelo”.

“Acá me levanto a las 5:30 de la mañana. Me tomo un mate y tranquilo voy directo a trabajar. Hago 400 bloques por día”, narró el reo Álvaro Brusti, de 34 años, y quien lleva cinco años preso por robo a mano armada. “Cuando salga de la cárcel espero poner una fábrica de bloques”.

Su producción, al igual que la de sus compañeros, se vende a familiares de los presos y revendedores. La mayor parte del dinero va para su familia.

En esta cárcel se puede invitar a las visitas a almorzar una pizza o a la heladería, todo pagado con su trabajo. “Me quedan dos años y cuatro meses. Mi conducta es derecha”, dice Brusti, y confiesa que antes de estar preso nunca había trabajado.

Gilbert Ayrala tiene 44 años. Hace dos que salió de Punta de Rieles pero sigue regresando a la cárcel a atender su panadería. “Con la misma fuerza que delinquí, tuve que emplear más fuerza para poder trabajar”.

Afp