En México, en poco más de una década se duplicó el uso de mariguana, al pasar de 0.8 a 1.5 por ciento de la población general. De hecho, esta es la droga de mayor consumo nacional (80 por ciento); de ahí, la importancia de fortalecer la prevención y detección de personas en riesgo de caer en la adicción, principalmente jóvenes, advirtió María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Las estadísticas más recientes señalan que en México hay 5.7 millones de consumidores de la cannabis. Entre los alumnos de secundaria y preparatoria, 17.2 por ciento la han probado, así como 3.3 por ciento de los estudiantes de quinto y sexto de primaria, se informó durante la inauguración del seminario Bioética y Salud Pública en la regulación de la mariguana, organizado por el Consejo Nacional de Bioética.

Ahí, Medina Mora comentó sobre el proyecto de reforma a la ley en torno a la mariguana. Dijo que hacen falta algunas precisiones, como la definición de farmacodependencia, a fin de evitar errores en la diferenciación entre usuarios y adictos.

Sobre ley y consumo

La mayoría de los consumidores de mariguana no son farmacodependientes, afirmó. Una concepción poco clara tendría riesgos si a un enfermo no se le canaliza a tratamiento, o al revés. La regulación debe atender los riesgos de adicción y las necesidades de atención clínica.

Explicó que farmacodependiente o adicto es el individuo cuyo organismo está acostumbrado a la presencia de una sustancia y presenta reacciones cuando no la tiene. Las manifestaciones pueden ser variadas: ansiedad, si el paciente dedica mucho tiempo a conseguirla o –como sucede con el alcohol– las personas empiezan a beber sin poder parar.

Los síntomas deben estar presentes durante un año y, según la sustancia de que se trate, puede haber síntomas físicos a causa de la abstinencia.

Medina Mora dijo que sería erróneo asentar solamente en la ley que las personas deben ser enviadas a recibir tratamiento por portar una cantidad de mariguana mayor a la permitida si no hay dependencia a la yerba, o que se encarcelara por el mismo motivo a alguien que en realidad está enfermo.

Tampoco, señaló, es suficiente el planteamiento en la ley de la notificación de casos. Se tienen que puntualizar los mecanismos para realizar el registro y para asegurar que quien lo requiera, tenga acceso a los tratamientos de prevención o rehabilitación, aseveró.

Advirtió sobre la importancia de que las leyes del país se adapten a la realidad del consumo de drogas como ha ocurrido en los pasados 40 años.