Ixtlán, Oax.

Centenas de comuneros de la Sierra Norte viven de sus bosques. El aprovechamiento forestal, aserraderos, fábricas de muebles, embotelladoras de agua y ecoturismo son actividades que han consolidado durante tres décadas de trabajo en un modelo de manejo comunitario con reconocimiento internacional.

Aun con los obstáculos que establece el gobierno federal, como la lentitud en la aprobación de programas de manejo forestal, que lleva más de dos años de retraso en varias comunidades, y el cobro de impuestos como si aquellas empresas fueran privadas, los comuneros generan fuentes de trabajo para las localidades zapotecas y ofrecen donaciones a escuelas, centros de salud y al municipio.

Las zonas forestales del país son habitadas por 11 millones de personas y son regiones con los mayores niveles de marginación y pobreza, indican datos de la Comisión Nacional Forestal. Apenas 20 por ciento de ejidos y comunidades tienen en los bosques su principal actividad económica, indica.

Es el caso de 25 mil habitantes de la Sierra Norte, donde 23 comunidades trabajan sus bosques de pino y encino desde la década de los 80, cuando dejaron de renovar concesiones de explotación forestal a la fábrica de papel Tuxtepec. Se trata de un esquema de organización social donde prevalece el bien común. Todo es de todos. Todo es de nadie.

En un punto del viaje en la carretera que conduce a la sierra está Santa Catarina Ixtepeji. Las autoridades tradicionales tienen su oficina a la orilla de la carretera, desde donde se movilizan hacia el monte o a la embotelladora de agua.

Todos cumplen

Teodoro López, presidente de bienes comunales, acompañado de los integrantes de la mesa directiva, cuenta que desde 1986 comenzaron a aprovechar el bosque. A partir de eso establecieron un parque ecoturístico, después una planta purificadora de agua y el procesamiento de resina. Por el buen manejo forestal obtuvieron la certificación internacional FSC (Forest Stewardship Council) del programa SmartWood, de Rainforest Alliance.

Regidos por usos y costumbres, para conservar la cubierta forestal tienen un estatuto comunal estricto que todos deben cumplir. Cuando alguien no lo acata y tala ilegalmente los bosques, se aplican correctivos; entre las sanciones están realizar obras públicas. Para mantener limpias las parcelas boscosas y los caminos utilizan el tequio, trabajo voluntario.

La administración comunitaria define la distribución de los trabajos en los bosques; la labor en las parcelas se rifa para que no haya favoritismos. Generan alrededor de 200 empleos. Se destinan recursos a educación, salud e infraestructura de las comunidades porque el gobierno no da lo suficiente para cubrir los servicios, señala López.

Las habitantes de Ixtlán participan en diversas tareas, como el armado de mueblesFoto Carlos Ramos Mamahua

El trabajo en esta comunidad es similar al de la mayoría de las localidades forestales de la Sierra Juárez. Como todas, se han enfrentado a la lenta burocracia. Hubo un prolongado retraso en la autorización de programas de manejo en La Trinidad, Santiago, Comaltepec y Capulálpam, que forman la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas Chinantecas (Uzachi) –encargada de dar asesoría técnica a los campesinos–, explicó Miguel Ramírez.

Estos planes los autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para definir las áreas del bosque en las que se puede dar aprovechamiento forestal. En ellos también se señala la cantidad de madera que puede extraerse, la limpieza y saneamiento que se debe realizar en las parcelas y la conservación de la biodiversidad.

La delegación de la dependencia federal en el estado contaba tan sólo con dos dictaminadores y alrededor de cien programas por revisar, explica Ramírez, representante de La Trinidad en la Uzachi. Cuando finalmente autorizan los programas, hay otro tiempo de retraso en la entrega de las guías que se requieren para el traslado de la madera de los bosques a los aserraderos. Esto puede ocasionar deterioro en la producción, señala.

Los comuneros hacen trabajo de rehabilitación de caminos, dan apoyos al sector salud y a las escuelas. Son cosas que le corresponden al gobierno y, aunque son gastos, no son deducibles de impuestos. Hemos peleado que deberíamos estar en un esquema distinto; nos dan trato de empresa privada, dice por su parte, Santiago García, administrador de la empresa de pueblos mancomunados, integrada por Lachatao, Amatlán y Yavesía.

También el presidente del comisariado de bienes comunales de Ixtlán, Melchor García, advierte este problema. “Somos una empresa social. Demandamos trato diferenciado. Al año se hacen donaciones de entre 3 y 4 millones de pesos a salud o educación.

Apenas hace unas semanas se utilizó medio millón en la compra de loncheras.

Al final del año, la asamblea de cada comunidad define a qué se destinarán las utilidades que generan las empresas, ya sea que inviertan en infraestructura de las comunidades, repartan los recursos entre los comuneros o lo reinviertan en las compañías.

Las autoridades tradicionales coinciden en que el trabajo comunitario fortalece a los pueblos y, sobre todo, da empleo y arraigo.