Cancún, QR.

La 14 Legislatura de Quintana Roo reanudó ayer su tercera sesión extraordinaria, que estaba en receso, para terminar con la aprobación del paquete de impunidad, como llama la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) nombró a las iniciativas para la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 del gobernador Roberto Borge Angulo y del ayuntamiento de Solidaridad, cuyo alcalde con licencia, Mauricio Góngora, fue candidato del PRI a la gubernatura.

Para este miércoles también se dejó pendiente analizar y aprobar las cuentas públicas de los municipios de Solidaridad, Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal), gobernados por el tricolor.

El Congreso local se instaló en sesión itinerante en un lujoso hotel ubicado en la tercera etapa de Cancún, con acceso restringido. El presidente de la gran comisión, Pedro Flota, dijo que la Comisión Permanente se instaló al mediodía y sesionaría por la noche para discutir la propuesta para nombrar al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, así como aprobar 32 de las 70 cuentas de la administración estatal.

Adelantó que asimismo se revisaría la iniciativa para reformar disposiciones sobre financiamiento y endeudamiento, lo mismo que el gran total de los ingresos del municipio de Solidaridad del ejercicio fiscal 2016, condición para legalizar el refinanciamiento de la deuda de esa demarcación, que asciende a mil 30 millones de pesos.

Borge propuso como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa a Jorge Herrera, quien fue director jurídico del Congreso del estado, así como a Minerva Maribel Moreno y César Cervera, cuyas trayectorias profesionales no detalló.

El Partido Acción Nacional señaló que se han perpetrado cinco actos graves en Quintana Roo: se convirtió a la procuraduría estatal en fiscalía general y se nombró al actual procurador, Carlos Álvarez, para encabezarla durante los próximos nueve años; se refinanció la deuda del municipio de Solidaridad a largo plazo, se designó a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejando la procuración de justicia en manos de un fiscal a modo; se nombró auditor superior del estado a Javier Zetina, envuelto en escándalos de corrupción, y se garantizó al gobernador y su familia que tendrán escoltas durante los próximos 15 años, con cargo al erario.

(Con información de Carlos Águila, corresponsal)

En Puebla, Moreno Valle también recurre al blindaje

Señalan doble moral del panismo

Miroslava Breach Velducea y Mónica Camacho Corresponsal y La Jornada de Oriente

La diputación permanente del Congreso de Chihuahua convocó para este miércoles a un nuevo periodo extraordinario con la intención de aprobar dos iniciativas del gobernador César Duarte Jáquez para emitir deuda bursátil por 6 mil millones de pesos, a tres meses de finalizar la presente administración, el 3 de octubre.

Este es el segundo intento del mandatario priísta por lograr la aprobación de un paquete de créditos con cargo a los ingresos de las casetas de peaje de las carreteras concesionadas al estado.

El pasado 9 de junio el gobernador electo, el panista Javier Corral Jurado, logró bloquear el primer intento, cuando se difundió la convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso del estado, y en una negociación con autoridades estatales y federales.

En esa ocasión se ejerció presión adicional con una convocatoria en redes sociales para tomar la sede del Poder Legislativo.

Previamente se plantearon dos paquetes de deuda, uno por 3 mil millones de pesos y una suma igual garantizada con 25 por ciento del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (Fafed). Este miércoles aprobarán la solicitud de créditos por 6 mil millones de pesos con cargo a los remanentes carreteros.

Las iniciativas que habían sido bloqueadas serán sometidas hoy a votación en periodo extraordinario convocado por la diputación permanente, a pesar de la oposición de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Prevén mayoriteo del PRI y aliados

Paloma Aguirre Serna, diputada panista y secretaria de la diputación permanente, se negó a firmar la convocatoria al periodo extraordinario y anunció que los diputados de su partido votarán en contra de contraer más deuda.

La legisladora, quien también forma parte de la comisión de programación, presupuesto y hacienda, que debe dictaminar las dos iniciativas del Ejecutivo, denunció que el presidente de esa comisión, el priísta Juan Eleuterio Muñoz, nuevamente ocultó información y apenas este martes le notificó que sesionarán para elaborar el dictamen. El Partido Revolucionario Institucional ya tiene medido el tema y hoy lo votarán por mayoría con sus partidos aliados, adelantó.

Rogelio Loya Luna, también legislador del PAN, acusó a los priístas de entregar al gobernador electo, Javier Corral, una administración en quiebra.

La tarde del martes Corral Jurado se reunió con la comisión que nombró para encabezar el proceso de entrega y recepción del gobierno.

Silencio de Ricardo Anaya ante excesos convertidos en ley

Al igual que las administraciones priístas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, el gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle Rosas, promovió reformas y la designación de funcionarios que lo blindarán tras su salida del cargo, en febrero de 2017, coincidieron la ex candidata a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco y el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Micalco Méndez.

Aranda calificó de muestra de doble moral o contubernio la campaña mediática que emprendió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, contra los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, pues ‘ha guardado silencio frente a lo que sucede en Puebla.

¿Por qué no combate el PAN los excesos convertidos en ley por Moreno Valle? Que recuerde Ricardo Anaya que en Puebla su amigo hizo lo mismo (pero) aprobaron ese mismo blindaje, denunció.

Los gobernadores priístas de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, propusieron la designación de fiscales cercanos a ellos tras la derrota de su partido el 5 de junio pasado.

Por separado, Micalco Méndez explicó que Moreno Valle hizo algo similar al proponer una reforma que aprobó el Congreso local en diciembre de 2015 para garantizar la designación de su procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, como titular de la recién creada Fiscalía General del Estado, cargo en el que se mantendrá por siete años.

El ex presidente estatal del PAN se refirió al arribo de David Villanueva Lomelí a la Auditoría General del estado, y de Adolfo López Badillo a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, quienes podrán mantenerse al frente de esos organismos hasta 2026 y 2024, respectivamente.

Consideró que los nombramientos no garantizan protección absoluta a Moreno Valle, pues no hay blindaje que aguante cuando hay cosas mal hechas.