Dos elementos del Ejército Mexicano son acusados de delitos de violación, lesiones, privación ilegal de la libertad y robo, cometidos contra una mujer dentro de las instalaciones de un cuartel militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aunque hay evidencias para acreditar su culpabilidad, dadas las declaraciones contradictorias de ambos uniformados, testimonios de personal militar y civil, así como exámenes médicos, la justicia militar sólo inició un proceso por desobediencia de uno de ellos, porque no se encontraban en funciones al momento de cometerse los ilícitos. Los dos elementos siguen en activo dentro de las fuerzas armadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 29/2016, emitida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, califica estos hechos de muy graves, en razón del lugar en que se llevaron a cabo: un cuartel militar y que fueron dos servidores públicos quienes violentaron a V –como se identifica a la víctima en la recomendación–, cuando ésta se encontraba en completo estado de vulnerabilidad, lo que resulta un completo abuso de poder masculino de ambos militares sobre ella.

Aunque los hechos de esta recomendación datan de 2013, en los primeros cinco meses de este año la Sedena ha acumulado 204 quejas, de las cuales Tamaulipas es la entidad que mayor número registra, con 47. En 2015, la dependencia sumó 604 denuncias en todo el país.

Amenazas de muerte

Los hechos denunciados por V datan de la madrugada del 20 de septiembre de 2013, luego de que la mujer acudió en compañía de los dos militares a un concierto de música de banda en una feria. Pasadas las 2 horas de ese día, los tres salieron del sitio. Los soldados la llevaron, bajo amenazas de muerte contra ella y sus familiares, a las instalaciones del cuartel militar. Entraron a la se­de, la llevaron a un cuarto y la violaron entre ambos, según la acusación de la víctima, la cual coincide con diversas declaraciones y diligencias de la CNDH, incluso por declaraciones de personal militar.

“Me empujaron a una cama y me sujetó uno de ellos sin saber quién era, el otro tocó mi cuerpo, mis pechos y mis piernas; yo les dije que no quería nada con ellos; uno me violó en varias ocasiones también puso su pene en mi boca varias veces, por lo que fui al baño a vomitar… cuando regresé me volvieron a aventar a la cama y me vuelven a tocar y nuevamente me penetran en esta ocasión. Me decían que, si no cooperaba, ya sabían dónde estaban mis hermanos, me golpearon muy fuerte en el estómago y me volvieron a violar, luego me aventaron mi ropa para que me vistiera… sin darme mis shorts y me amenazaron diciéndome que si decía algo matarían a mi familia”. La mujer fue sacada en el mismo auto y abandonada en un paraje de la ciudad.

Tras la investigación y recopilación de múltiples evidencias, las CNDH concluyó que AR1 y AR2 –los elementos militares acusados– “violentaron física, sicológica y sexualmente a V, utilizando los primeros dos tipos de violencia para ejercer el tercero, culminando en la transgresión al derecho a una vida libre de violencia en agravio de la víctima, incluso dentro de instalaciones militares”.

La recomendación pide que su investigación sea remitida a las procuradurías general de la República y de Justicia Militar para ejercer acción penal contra estos dos elementos, pues si bien en el momento de los ilícitos ellos no estaban en servicio, para acreditar los delitos sólo se requiere que tengan calidad de militar en activo. Es decir, que pertenezcan a la institución armada, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva estén fuera de servicio o del horario normal de labores o francos.