La atención a víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, se iniciará con un programa de cuidado sicológico, postraumático, especialmente para niños. Sin embargo, la reparación del daño –prometida esta semana por la Secretaría de Gobernación (SG)– llegará tras un proceso largo en el cual primero se determinará si los fallecidos fueron víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos. Este segundo escenario significaría una responsabilidad del Estado por abuso de la fuerza, señalaron fuentes gubernamentales.

Aunque actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) es coadyuvante con la fiscalía de Oaxaca, es muy posible –dijeron– que en los próximos días la PGR atraiga el caso de los hechos ocurridos el domingo 19 de junio. No hay hasta el momento, en información pública, un saldo oficial de muertos y heridos.

La definición acerca del origen de la agresión a las víctimas la dará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la parte jurisdiccional, es decir, eventualmente la PGR, que presentaría el expediente ante un juez.

La ley de víctimas indica que se paga la reparación del daño cuando hay una recomendación de la CNDH o una sentencia. La tercera posibilidad se refiere a una determinación del Ministerio Público, como ocurrió cuando se pagó a los familiares de fallecidos y heridos del equipo de futbol Los Avispones, de Iguala, Guerrero, en el caso Ayotzinapa.

El jueves pasado una comisión de pobladores y profesores de Nochixtlán y municipios cercanos acudió a la SG para entrevistarse con el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, ante quien exigieron justicia que inicia, señalaron, por ubicar a los autores intelectuales y materiales de lo que ubicaron como 11 ejecuciones extrajudiciales.

También pidieron la intervención de instancias de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como ocurrió en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Subrayaron que no hay garantías de una investigación imparcial porque la fiscalía oaxaqueña y la PGR son juez y parte en la indagatoria.

Las fuentes consultadas indicaron que no procede la intervención de la CIDH porque tal escenario es posible hasta el término de la investigación y el proceso judicial realizado en México.

En cuanto a la reparación del daño, es necesario en primer término definir si los fallecidos y heridos de Nochixtlán son víctimas de delito o de violación a los derechos humanos.