La Contraloría General del gobierno capitalino (CGDF) solamente tiene registrados 24 procedimientos contra servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante los pasados 10 años, por la incorrecta aplicación de la norma en materia de vivienda popular y de interés social al emitir los certificados de uso de suelo.

De todos estos casos, solamente fueron procedentes seis que involucran a tres funcionarios a los que se aplicaron sanciones administrativas menores consistentes en suspensiones de 15 días a tres meses.

La Asamblea Legislativa (ALDF) requirió a la dependencia dicha información de manera reiterada en puntos de acuerdo aprobados por el pleno, el primero de ellos fue el 5 de noviembre de 2015, como parte de los informes requeridos por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana a diversas dependencia para el análisis de las iniciativas relacionadas con la Norma 26, que se mantiene suspendida desde el 19 de agosto de 2013 para los desarrolladores del sector privado por abusos en los que estos incurrieron en su aplicación.

Finalmente, en la respuesta enviada al órgano legislativo a fines del mes pasado, el titular de la dependencia, Eduardo Rovelo Pico, indicó que de una exploración en los archivos de la CGDF entre abril de 2005 y el 30 de octubre de 2015 se localizaron 24 expedientes.

Solamente uno continúa en trámite y corresponde a las observaciones que arrojó una auditoría practicada a la emisión de certificados de uso de suelo en los que se aplicó la Norma 26. Los restantes 23 aparecen como concluidos.