La experiencia del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México es un buen modelo de construcción de ciudadanía activa, porque su quehacer ha permitido generar una identidad colectiva de las personas de edad avanzada a pesar de vivir en una urbe desigual y segmentada, gracias a que la pensión alimentaria es para todos, sin distinción alguna, asegura la especialista en envejecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Sandra Huenchuan.

El libro Institucionalidad pública y envejecimiento en América Latina y el Caribe: conceptos, metodología y casos prácticos, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) División de Población de la Cepal, que presentó su editora Sandra Huenchuan Navarro en Santiago de Chile, analiza el funcionamiento de las instituciones dedicadas a las personas mayores en la Ciudad de México, Argentina, Chile y Uruguay

La Cepal invitó al acto a expertos y especialistas en políticas públicas, entre ellos Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México; Adriana Rovira, de Uruguay; Mónica Roqué y Sebastián Amaro, de Argentina; Rosa Kornfeld Matte, María Teresa Abusleme Lama y Cristián Massad Torres, de Chile, cuyos análisis se incluyen en el libro.

En el documento, Huenchuan Navarro resalta la magnitud de la pensión alimentaria, que por ley se entrega a los habitantes de la Ciudad de México a partir de que cumplan 68 años de edad, como una de las características más notables de la evolución que tuvieron las acciones dirigidas a las personas mayores.

Para la especialista la vinculación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México con la Cepal, desde 2009, permitió ampliar las perspectivas de trabajo, convirtiéndose en un aliado estratégico para promover los derechos de las personas mayores dentro del país y fuera de él.

Como parte de su análisis destaca que uno de los rasgos de la institucionalización de los asuntos de las personas mayores en esta ciudad, es su apego a las normas internacionales de derechos humanos.

En Argentina, la Ciudad de México y Uruguay el surgimiento y devenir de las instituciones estuvieron enmarcados en el paradigma de los derechos humanos. El caso de Chile fue diferente, aunque la institución se fue sumando a este enfoque a medida que su trayectoria se iba ampliando y su inmersión en el ámbito regional e internacional se profundizaba, compara.

En las conclusiones, la especialista en envejecimiento remarca que la institucionalidad pública dedicada a las personas mayores es un asunto que los Estados, la sociedad civil y los organismos internacionales deben abordar con seriedad.

No hay una receta para la creación de una institución, porque su instalación depende de numerosos factores, incluido el contexto nacional e internacional, admite.

Este libro se realizó en el marco de un programa conjunto entre la Cepal y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) y del convenio de asistencia técnica entre el organismo regional y el gobierno de la Ciudad de México.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe viven en la actualidad 73.5 millones de personas de 60 años y más; es decir, 11.5 por ciento de la población regional, y se prevé que en 2050 sean 200 millones, lo que representaría 26 por ciento del total.