Diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos exigieron al gobierno mexicano acatar la resolución de Naciones Unidas para liberar a 25 personas, entre ellos varios indígenas, detenidas arbitrariamente el 7 de junio de hace un año, luego de participar en una marcha en apoyo a la disidencia magisterial, en la capital de Oaxaca.

En conferencia de prensa, el vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eligio Hernández, señaló que la resolución de la ONU sobre este caso será puesto en la mesa de diálogo que la disidencia magisterial sostiene con la Secretaría de Gobernación, junto con la exigencia de que sean liberados todos los presos políticos.

Hace unos días, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al gobierno mexicano que las personas –todas ellas hombres entre 18 y 45 años de edad– fueron detenidas de manera arbitraria, por lo que solicita su liberación inmediata e incluso reparar el daño cometido de manera adecuada.

El 7 de junio de 2015, elementos de la Policía Estatal y de la Gendarmería Nacional detuvieron a 86 personas integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes regresaban a su comunidad de Santa María Atzompa, tras participar en la marcha de pies cansados, realizada en apoyo a la CNTE.

De los 86 detenidos fueron liberados 61, mientras que a los 21 restantes les imputaron los delitos de terrorismo y portación de bombas molotov; actualmente permanecen recluidos en los penales de Tepic, Nayarit, y de Perote, Veracruz.

Familiares de los 25 presos, académicos, maestros y abogados de la Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que llevan el caso, pidieron al Estado mexicano acatar la recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU.

En la resolución, este grupo de Naciones Unidas informó que durante el estudio del caso, el gobierno mexicano sólo se limitó a negar los hechos, sin aportar ningún argumento o prueba que sustentara dicha afirmación, además de que lo hizo de manera extemporánea.

Por otra parte, notificó que dará vista de la denuncia al relator especial sobre Tortura, a fin de que realice esta otra instancia de la ONU su propia investigación.