El pasado 13 de junio, la Cámara de Diputados se erigió en juzgado de procedencia y retiró el fuero constitucional a la legisladora panista en el estado de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López. Desde entonces el Congreso federal remitió su resolutivo al Congreso de ese estado, para el solo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público Federal a la denunciada.

A dos semanas de ese acto mediático en San Lázaro, los legisladores federales manifiestan extrañeza por la inacción de los diputados locales de Sinaloa.

Los diputados de Morena Emiliano Álvarez y Virgilio Caballero consideraron que el proceso de desafuero, y su consecuente aplicación, resultó una farsa promovida desde el PAN, en su afán de presentarse ante el electorado como partido ­democrático.

Desde el procedimiento mismo –implementado en el ple­no camaral el 13 de junio– no se supo más de Lucero Sánchez, quien envió a su abogado defensor, Rubén Antonio Tamayo, a exponer su defensa en la tribuna cameral.

Así, en San Lázaro se decidió que ha lugar proceder penalmente contra la diputada panista, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción 7 y sancionado en el artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal.

Se reiteró la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento que lo determine, respecto a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez López por uso de documento público falso.