El nuevo sistema de justicia penal obliga a las partes de un litigio a comparecer mediante juicios orales, pero en los hechos, las audiencias se están desarrollando en los juzgados locales y federales mediante la vieja costumbre de leer los expedientes.

Los propios tribunales federales han emitido criterios recientes en los que se contradicen sobre los alcances e importancia del principio de oralidad.

Tal es el caso de una tesis publicada el 13 de mayo pasado por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa de Chihuahua –el estado que más tiempo lleva con el sistema acusatorio–, en la cual los tres magistrados que integran el tribunal urgieron a fiscales, defensores y jueces a dejar atrás la idea de que oralidad quiere decir que tienen que aprenderse de memoria o leer en audiencia los largos escritos habituales en el sistema inquisitorio.

De no ser así y continuar con el actual desarrollo de las audiencias, así como los criterios de amparo que lo confirman, el sistema del procedimiento penal acusatorio adversarial estará destinado al fracaso, señalaron los magistrados Marta Olivia Tello, José Martín Hernández y Raymundo Cornejo, integrantes del primer tribunal colegiado.

Sin embargo, en un criterio contradictorio, otro tribunal de Chihuahua, el segundo en materia penal y administrativa, resolvió que el hecho de que los fiscales lean sus alegatos de apertura o de clausura en la etapa de debate de juicio oral, si bien implica una violación al principio de oralidad, es una cuestión que no trasciende el resultado del fallo.

En el primer criterio aislado, los magistrados del primer tribunal emitieron su criterio luego de revisar el video de la audiencia inicial de un juicio local por sustracción de menores en el que se aprecia que fiscales y abogados leyeron durante la diligencia, que duró cinco horas.

En el caso, la lectura prolongó las audiencias más allá de lo razonable. Incluso, se observa al juez prácticamente tomando dictado de las partes. Esta forma de desarrollar el procedimiento penal no debe permitirse, pues frustrará el sistema, afirmaron los juzgadores.

La tesis se refiere a las audiencias preliminares de los procesos, que en teoría deberían ser ágiles, como en Estados Unidos, donde rara vez toman más de algunos minutos.

El Consejo de la Judicatura Federal reportó en enero pasado que la duración promedio de la audiencias en los Centros de Justicia Penal que operan el nuevo sistema para delitos federales era de una hora con siete minutos.

En muchos casos, se han registrado audiencias de más de cinco horas, aunque no se trate del juicio oral que determina la responsabilidad del acusado, sino de comparecencias previas.