El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, informó que en dos meses ha recuperado 300.9 millones de pesos tras depósitos hechos por personas físicas y morales que han regularizado su situación fiscal después de conocerse las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá, difundidos originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas.

Adicionalmente, una persona física solicitó realizar pagos en 36 parcialidades por un total de 104.7 millones de pesos, quien deberá cubrir recargos, por prórroga, de 18 por ciento al año.

Para evitar tributar en el sistema fiscal mexicano, esas personas, mediante el uso de compañías offshore establecidas en países de baja imposición, utilizaron las empresas para depósitos de inversiones, resguardo de activos, fuentes financieras y propietarias de bienes.

En este segundo informe del SAT, el organismo detectó a 311 sujetos, de los cuales 211 fueron identificados con datos del Registro Federal de Contribuyentes (22 personas morales y 189 físicas). De los 211, 163 ya presentaron sus declaraciones fiscales.

Los restantes 100 están en proceso de identificación, porque algunos presentan homonimia y otros nombres incompletos. Para ello se está realizando una revisión al RFC de manera estructural y metodológica, afirmó Aristóteles Núñez.

En 23 casos se ha identificado el año y monto que no pagaron al fisco. También se emitieron 26 cartas-invitación, de las cuales 24 han sido notificadas y en dos casos no se ha localizado a los ciudadanos.

De la cifra de cartas-notificadas 16 contribuyentes ya fueron recibidos, los cuales presentaron 18 declaraciones complementarias por los ejercicios fiscales 2011-2015.

Se requirió información a diversas instituciones bancarias, pero la mayoría negó tener datos de los probables evasores.

El SAT solicitó datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a 70 entidades financieras, con el fin de conocer si los contribuyentes realizaron pagos bajo el esquema pago anónimo, durante el periodo primero de enero de 2010-31 de diciembre de 2014.

Derivado de ello, 50 instituciones financieras indicaron que no tienen información de operaciones efectuadas por esos individuos.

Seis instituciones financieras indicaron que no pueden proporcionar la información a la autoridad fiscal y ocho han otorgado datos de dos. Otras seis aún no han dado respuesta.

También se pidió información a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente del despacho del secretario de Hacienda. Se han recibido datos de operaciones financieras de 30 individuos.

Además, se efectuaron solicitudes al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. De las peticiones relacionadas con 20 (dos empresas y 18 personas físicas), hasta el momento se ha recibido respuesta de 13 y aún se encuentran siete en proceso de ser atendidas.