Ciudad Juárez, Chih.

Familiares de los 15 jóvenes asesinados y los más de 10 lesionados en un ataque armado en la colonia Villa de Salvárcar, el 30 de enero de 2010, dijeron que rompieron el diálogo con el gobierno local luego de notificarles que no podía cumplir con un convenio firmado en febrero de 2015 para darles una indemnización.

Alonso Encinas y Luz María Dávila precisaron que han realizado trámites interminables y ninguna autoridad ha dado respuesta; incluso, el gobernador César Duarte Jáquez no ha firmado la Ley de víctimas aprobada por el Congreso estatal.

La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a investigar el crimen como acto de delincuencia organizada y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación tampoco quiere reconocerlo como tal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos mantiene congelada la solicitud de auxilio enviada en julio de 2015, señalaron.

Refirieron que con la autoridad estatal se acordó la publicación de la Ley General de Atención a Víctimas, establecida con conocimiento del Presidente de la República. Como primera fecha se fijó el 27 de marzo para determinar la cuantificación y pago de indemnización, pero se retrasó. Se extendió al 20 de mayo, pero tampoco dieron respuesta, y el pasado día 27 les avisaron que no se ejecutaría el acuerdo.

No es delito del fuero común

Las personas incluidas en ese convenio son 14 deudos de los jóvenes asesinados y 10 de los que resultaron heridos. En total son 21 familias afectadas, una de ellas se retiró del movimiento y cuatro exigen justicia en otras instancias.

Los padres aseguran que pese a la versión oficial el crimen sigue impune, pues en la agresión participaron entre 15 y 20 asesinos, y sólo hay cuatro detenidos.

Los familiares han señalado que son víctimas del delito en los términos del artículo 20 constitucional, apartado C.

Explicaron que el homicidio se ha tramitado como delito del fuero común, sin tomar en cuenta las evidencias que tiene la PGR, de que la agresión fue ordenada y ejecutada por el cártel de Juárez y sus grupos armados La Línea y Los Aztecas.

El 31 de julio de 2011 fue capturado José Antonio Acosta Hernández, El Diego, quien declaró que ordenó el homicidio colectivo como jefe de la organización. Sin embargo, no fue incluido en el proceso penal de la PGR.