Monterrey, NL.

El gobierno de Nuevo León inició procedimientos penales contra el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y 11 de sus colaboradores de primer nivel en el sexenio 2009-2015 por estar involucrados en desvíos de recursos y anomalías en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos a proveedores de unos 9 mil millones de pesos.

Para que respondan a las imputaciones, la autoridad embargó bienes al ex mandatario estatal priísta y a nueve de sus ex colaboradores. Todos, además de otros dos ex funcionarios, fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos dentro del sistema estatal de gobierno.

Al dar a conocer los resultados de la operación Tornado –así se llama un caballo del actual gobernador Jaime Rodríguez–, el fiscal anticorrupción Aldo Fasci Zuazua anunció que la próxima semana se dará vista al Ministerio Público para que inicie el procedimiento penal, y aunque no descartó que se dicten medidas de arraigo contra algunos acusados, estas serán decisión de los jueces.

El subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, explicó que la Contraloría General del Estado inició este viernes el embargo de bienes e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos a quienes fueron secretarios de Finanzas y Tesorero General del estado, de Obras Públicas y de Desarrollo Económico, Rodolfo Gómez Acosta, Luis Marroquín Salazar y Rolando Zubirán Robert, respectivamente. A Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, también se le aplicó esa sanción.

Embargos de bienes

Las autoridades embargaron bienes al ex gobernador Medina de la Cruz, Fernando Gutiérrez Moreno ex secretario de Desarrollo Sustentable, Celina Villarreal Cárdenas, quien fue subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional, así como a los entonces directores del Instituto de Innovación y Tecnología, Jaime Parada Ávila; de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, Patricia Aguirre González, y de Fomerrey, Sergio Alanís Marroquín.

También se inhabilitó por 10 años a quienes fungieron como directores generales de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Ramón Villagómez Guerrero, y del Sistema de Caminos de Nuevo León, Víctor Martínez Trujillo.

En seis meses iniciará la presentación de pruebas y el comienzo del juicio oral, al cual deberán acudir los involucrados.

Ernesto Canales señaló que a Medina de la Cruz se le imputan los delitos de peculado, patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y uso de información privilegiada para la compraventa de terreno del que se habrían desviado 3 mil 600 millones de pesos.

Otro caso que se indaga por un monto desviado o sin comprobar de 2 mil 300 millones de pesos se refiere a obras no realizadas, con pago doble o que fueron liquidadas y no se concluyeron; facturas inexistentes y desaparición de documentos oficiales.

Durante la rueda de prensa en el salón Polivalente del palacio de gobierno, Fasci Zuazua dio a conocer detalles de negocios realizados entre funcionarios y familiares, y aunque no dio nombres, porque la ley lo prohíbe, trascendió que se refirió al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a su padre Humberto Medina Ainslie.

Un ex mandatario, dijo, realizó 32 viajes gratis con su familia a Estados Unidos en un avión privado, propiedad de un constructor que fue favorecido con obras estatales; un trabajo semejante lo realizó en un estado vecino y lo hizo a mitad del precio cobrado en Nuevo León.

La empresa pasó del lugar 78 al tercer lugar en obras.

Otro empresario construyó un edificio al padre de un funcionario de manera gratuita, y trazó una red de vínculos entre servidores públicos, amigos y familiares en negocios en los que se utilizó información privilegiada y se hicieron pagos excesivos y facturaciones irregulares.

Nada más faltó invitar a una comadre a este asunto..., señaló Fasci Zuazua y negó que el anuncio tenga que ver con las elecciones de este domingo o con el primer aniversario del gobierno de Jaime Rodríguez, quien no estuvo en la conferencia.

También se acusó a la ex alcaldesa de Monterrey, la panista Margarita Arellanes, por malos manejos del erario por 7 millones de pesos.

La investigación abarca también a dos diputados federales y dos alcaldes en funciones, contra quienes se promoverá un desafuero. Asimismo nueve empresarios y dos funcionarios bancarios, además de familiares y socios.

Linchamiento con carácter electoral, afirma el priísta

Para Rodrigo Medina, la operación Tornado es un linchamiento público y una persecución política. En un comunicado, el ex mandatario señaló que la intención de las autoridades estatales es generar escándalo con miras a los comicios del próximo domingo en 14 estados, en las que no se encuentra Nuevo León. Calificó la indagatoria de pesquisas carentes de sustento jurídico y aseguró que tiene la conciencia tranquila.

Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones; sin embargo, se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad, agregó.

Anunció: acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones, anunció.