La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) confirmó que policías y agentes del Ministerio Público, por omisión o negligencia, están involucrados en desapariciones forzadas perpetradas en Jalisco el año pasado. La CEDHJ emitió dos recomendaciones por ese motivo y pidió a las autoridades un informe detallado sobre lo sucedido con los restos encontrados en fosas clandestinas durante los 20 años recientes.

La primera recomendación fue enviada a la Fiscalía de Jalisco, porque se comprobó que agentes del Ministerio Público adscritos al municipio de Cabo Corrientes no actuaron oportunamente en la investigación de la desaparición de un hombre, además de no haber apoyado a su esposa ni a su familia.

La otra se emitió al alcalde de San Juanito de Escobedo, José Antonio Sánchez, pues se demostró que cuatro policías municipales están involucrados en la desaparición de una persona a quien detuvieron el 24 de mayo de 2015 por ingerir bebidas alcohólicas en la calle, pero el hecho no fue registrado, el acusado no llegó a los separos y desde ese día nada se sabe de él. Esta recomendación incluye una solicitud a la fiscalía para que ejerza acción penal contra los policías involucrados.

Según la organización Por Amor a Ellxs, integrada por familiares de desaparecidos, en Jalisco hay al menos 3 mil personas cuyo paradero se desconoce y el estado ocupa el segundo lugar nacional en ese delito, sólo debajo de Tamaulipas.

Luego de años de críticas de organizaciones civiles, la CEDHJ emitió ayer un pronunciamiento especial sobre desapariciones forzadas. El presidente del organismo, Felipe Álvarez, propuso al fiscal de Derechos Humanos estatal, Dante Haro, modificar los protocolos para búsqueda de personas y atención a víctimas.

Asimismo solicitó al Congreso local promover una reforma que permita que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente.

Otras medidas recomendadas son que los alcaldes colaboren con las autoridades ministeriales y exhorten al Congreso de la Unión a discutir y aprobar la Ley General de Desaparición Forzada, con el fin de mejorar los procedimientos de búsqueda e investigación, con mayor coordinación interinstitucional, mejores herramientas y mecanismos eficientes para garantizar la atención digna, dijo Álvarez ayer en conferencia de prensa.

Informó que se emitieron cinco recomendaciones, incluidas dos por tortura, contra policías estatales, quienes continúan ejerciendo esta práctica a pesar de que el fiscal Eduardo Almaguer y el gobernador Aristóteles Sandoval prometieron erradicarla.

Mientras, el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín, dio a conocer este miércoles en la capital de San Luis Potosí que las entidades con más desapariciones forzadas son Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y San Luis Potosí, aunque no dio cifras. Rochín visitó la entidad para la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.