Sin modificaciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer las minutas que le envió Senado para expedir las leyes de Ejecución Penal y de Justicia para Adolescentes, así como reformar la legislación contra el crimen organizado.

Los tres dictámenes serán sometidos al pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo extraordinario de sesiones, que comenzará el 13 de junio.

Con la eventual aprobación de la primera, se prevé que puedan salir de prisión personas detenidas por robos de hambre y quienes cometieron el delito de posesión, sin fines de comercio o suministro, de mariguana. También se contempla que las mujeres presas purguen condenas en lugares separadas de los hombres y cuenten con derechos específicos de su género y condiciones especiales para que sus hijos convivan con ellas en reclusión.

La propuesta para establecer la Ley de Justicia para Adolescentes busca garantizar el respeto a los derechos humanos de los jóvenes cuando se les impute o resulten responsables de delitos. Se propone que las personas entre 12 y 14 años de edad no serán privados de la libertad, pero sí quienes tengan entre 14 y menos de 18 años.

Lía Limón, diputada del PVEM y secretaria de la Comisión de Justicia, explicó que el documento privilegia la aplicación de sanciones enfocadas en la rehabilitación y reinserción de los adolescentes a la sociedad.

El perredista Arturo Santana, también secretario de la comisión, añadió que los jóvenes podrán hacer trabajo comunitario y ser internados en sus domicilios.

De hecho, la nueva legislación incluye la creación de centros especiales de detención para este sector de la población y programas de prevención del delito.

El dictamen para reformar la ley contra el crimen organizado fortalece aspectos operativos y funcionales que requieren las autoridades para una investigación y persecución más eficaz. Así, se otorga a autoridades federales la facultad de atracción en casos de delitos de trata de personas y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Santana expresó preocupación porque se abre la posibilidad de que el narcomenudeo sea considerado un delito en materia de delincuencia organizada. Para evitar abusos, dijo que su partido dará seguimiento a la normatividad.

La propuesta incluye la operación encubierta como parte de investigaciones y que los agentes tengan derecho a una nueva identidad para garantizar su integridad.