Empresas mineras, como Grupo México, de Germán Larrea; Peñoles, de Alberto Bailléres, y Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, han logrado imponer sindicatos de protección, acabar contratos colectivos, eliminar prestaciones, quitar libertad sindical, entre otras prácticas ilegales, debido a que han tenido el apoyo de diversas juntas locales de conciliación y arbitraje.

Un informe elaborado por Óscar Alzaga, experto en derecho laboral, expone que, por ley, toda la industria minera tiene que revisar sus asuntos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero, sin que ninguna autoridad lo impida, estas empresas llevan sus asuntos a los tribunales laborales e diversos estados, donde logran arreglos que les permiten imponer sus condiciones.

Trabajadores de La Herradura indicaron que gracias a estos convenios con las juntas, el empresario Bailléres logró que el contrato colectivo de la Minera Penmont, que tenía el Sindicato Nacional de Mineros, pasara a manos de un sindicato de protección.

Dieron la titularidad a un gremio que comanda Carlos Pavón, el cual permitió que los trabajadores perdieran un fondo de resistencia de 9 millones de pesos, el pago de utilidades, los bonos de productividad, y les bajaran niveles salariales e introdujeran el trabajo de contratistas, y ahora hay despidos injustificados, señala sobre el informe.

Según mineros de La Herradura, se ha perdido libertad sindical, y con la dirigencia de Carlos Pavón no hay ni asambleas y se destrozó el contrato colectivo, mientras Bailléres logró imponer sindicatos de protección también en las secciones 62, 74 y 74F VIII, 9, 30, 102, 120, 219 y 261. Los trabajadores demandan ahora cambiar de sindicato y sigue la disputa por la titularidad del contrato.

Al respecto, el abogado explicó que las empresas mineras y otras depositan los contratos colectivos en juntas locales y no federales, según la ley porque las 32 juntas locales del país ocultan información a los trabajadores y las empresas pueden ocultar los contratos colectivos a sus obreros, para que desconozcan sus derechos y no los reclamen, al grado que los trabajadores ni siquiera saben que tienen sindicato y líder.

Puso por ejemplo que la empresa YSD Doors, del consorcio Gunderson Concarril, productor de carros, tolvas y góndolas de ferrocarril, con mil 900 trabajadores y ubicada en Ciudad Sahagún, Hidalgo, depositó el contrato colectivo que tenía con un sindicato blanco en la junta local, sabiendo que su competencia es federal, por ser industria ferrocarrilera, por lo que hay una evidente complicidad con la autoridad.

Luego de múltiples violaciones laborales, en 2014 los trabajadores –tras seis años sin aumento salarial ni revisión del contrato– determinaron salirse de su sindicato y demandar su incorporación al Nacional de Mineros.

Por su parte, Altos Hornos de México y su empresa Grupo Acerero del Norte, impuso su sindicato aliado: Alianza Minera Nacional, en las secciones 147, 288 de Coahuila, 27, 71, 205, 239, 259, 293, 265 y 303, para lo cual contó con el apoyo de las juntas de conciliación, y otras autoridades locales que cubren de impunidad al dueño del consorcio, Alonso Ancira, expuso Alzaga.

Hizo ver que Germán Larrea, en Cananea, luego de un arduo proceso legal en el que instancias federales negaron tres veces el derecho de huelga a los mineros y tres veces lograron revertir el veredicto, fue la junta local la que desconoció la huelga que habían iniciado los mineros en 2007, dio por terminadas las relaciones laborales y por despedidos a los trabajadores y sólo obligó a la empresa a depositarles sus liquidaciones.

Está claro que el papel de las juntas ha sido decisivo para apoyar a las empresas mineras en los conflictos colectivos, concluyó.