El gobierno de Puebla concesionó en 2012 a la empresa Pinfra tres tramos carreteros en operación y con alto aforo tan sólo en 17.5 millones de pesos por kilómetro, cifra ínfima si se compara con el costo actual de mil metros de segundo piso en la autopista federal México-Puebla que asciende a 730 millones de pesos.

Esta concesión se dio durante la gestión de Antonio Gali Fayad –candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Avanzando, integrada por PAN, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla– al frente de la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal. Se concesionaron a Pinfra las carreteras Atlixcáyotl, con una extensión de 19 kilómetros; Apizaco-Huauchinango, de 63 y Puebla-Teziutlán, de 61, con un aforo de 25 mil vehículos diariamente, informó la prensa local hace cuatro años.

La empresa pagó 2 mil 494 millones de pesos por una concesión de 32 años para la exploración, operación, conservación y mantenimiento de los 142 kilómetros de las tres vías. La inversión ya fue recuperada por la firma, ya que son carreteras con un aforo garantizado, sin embargo, se desconoce el destino que el gobierno de Puebla dio a los recursos que se obtuvieron con esta operación.

La diferencia en los precios por kilómetro entre estas vías y la del segundo piso de la autopista México-Puebla es abismal. En este último proyecto el precio por kilómetro construido es de 730 millones pesos. Pinfra y OHL son las mismas que participan en esta obra, que se realiza con inversión de 50 por ciento de estas compañías, el resto son recursos federales y del gobierno estatal. Además, en este caso el precio por kilómetro supera al de obras similares en la Ciudad de México.

El valor de las tres carreteras concesionadas a Pinfra es de tal importancia que el viernes pasado la empresa anunció la emisión y colocación de certificados bursátiles para recabar 2 mil 500 millones de pesos en un plazo de 10 años; se trata de bonos que están respaldados por los recursos que la compañía obtiene en la operación de vías como las mencionadas.

Los activos que compró la empresa al gobierno poblano recibieron la calificación triple A, la más alta, por Fitch México y HR Ratings.