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El gobernador, el Congreso y los cabildos autorizaron y firmaron el contrato fast track

Aguakán pagó $1,080 millones a Quintana Roo por concesión

En un año los ingresos de la empresa que da servicio de agua potable aumentaron 15%

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Un grupo de ciudadanos protesta frente a las oficinas de Aguakán, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en rechazo a la concesión millonaria que se otorgó a esa empresaFoto Carlos Águila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2016, p. 32

Cancún, QR.

La empresa Aguakán obtuvo del gobierno del estado de Quintana Roo, del Congreso estatal y de los cabildos involucrados la concesión para suministrar y cobrar por el servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad, además de que se amplió el término del convenio en los de Benito Juárez e Isla Mujeres mediante un pago de mil 80 millones de pesos, según consta en un informe de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), razón social de esa misma firma.

El documento señala que sólo en 2014 –antes de entrar a Solidaridad–, los ingresos por servicios de Aguakán ascendieron a 981.6 millones de pesos, 15 por ciento superiores al año anterior, cuando cobró 853.6 millones. La empresa reconoce que esto obedece al aumento de tarifas y un nuevo costo por saneamiento. En contraste, los gastos de construcción aumentaron a 158 millones, 51.8 millones más que en 2013, cuando se acumularon 106.6 millones.

La utilidad neta de 2014 para Aguakán fue de 158.4 millones de pesos –51.7 superior al año anterior: 104.8 millones– tras incluir pago de personal, mantenimiento de equipo, impuestos, gastos financieros y de administración, así como amortización de deuda.

La prórroga y ampliación de la concesión a los sistemas de agua potable de Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad ocurre en medio de una deuda bancaria del gobierno del estado que actualmente suma unos 25 mil millones de pesos, de la cual los acreedores recomendaron aplicar un programa de reingeniería financiera para generar ahorros, que consistió en el despido de 5 mil burócratas.

A iniciativa del gobernador Roberto Borge Angulo y la aprobación de legisladores estatales, así como de los alcaldes Paul Michell Carrillo de Cáceres, de Benito Juárez; Agapito Magaña Sánchez, de Isla Mujeres, y el entonces alcalde de Solidaridad José Mauricio Góngora Escalante –hoy candidato del tricolor a la gubernatura–, se ampliaron las consesiones a Aguakán hasta el año 2053, las cuales concluían en 2023.

Asimismo, obtuvo la concesión de Solidaridad hasta el año 2044, de la cual ni el gobernador ni los alcaldes precisaron los términos estipulados en el contrato de dicho permiso y si había alguna contraprestación para este municipio.

En el informe de resultados del cuarto trimestre de 2014, DHC reveló que pagó una contraprestación por los nuevos términos en favor de Aguakán en tres municipios del estado de Quintana Roo: “un incremento de 58.6 por ciento en 2014, del activo circulante de DHC.

Se explica principalmente por el pago de la contraprestación única de mil 79.4 millones de pesos, erogada al gobierno del estado de Quintana Roo para la ampliación de la concesión hasta 2053, así como la inclusión del municipio de Solidaridad en el área concesionada, se lee en el documento al que tuvo acceso La Jornada.

En el decreto 250 de la decimocuarta Legislatura, en el que se prorroga y amplía la concesión de los sistemas de agua potable de Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad a Aguakán, se autoriza al gobernador Roberto Borge Angulo, a los alcaldes de Benito Juárez, Paul Michell Carrillo de Cáceres; y de Isla Mujeres, Agapito Magaña Sánchez, así como el ex edil de Solidaridad José Mauricio Góngora Escalante, suscribir un convenio modificatorio segundo al título de concesión del 20 de octubre de 1993, otorgado en favor de DHC.

“(También) incorporar aquellas cláusulas, condiciones y anexos que aseguren la ejecución de la concesión en beneficio del interés público protegido y garanticen la eficiencia del servicio en calidad, oportunidad y cobertura, las contraprestaciones que deberán otorgarse, garantías, penalidades, inversiones, facultades, obligaciones y demás necesarias para la explotación en términos de ley de la concesión de los servicios públicos que aquí se otorgan”, agrega el documento.