La Procuraduría General de la República (PGR) debe disculparse públicamente y reparar el daño a la indígena ñhañhú Jacinta Francisco Marcial, quien en 2006 fue acusada, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), delito por el cual pasó injustamente tres años en prisión.

Inicialmente, Jacinta Francisco fue condenada a 21 años de prisión, y después de 10 años de los hechos ocurridos en Amealco, Querétaro, el pasado jueves el tercer tribunal colegiado desechó un recurso de la PGR que buscaba impedir la disculpa pública y la reparación del daño.

La sentencia es inapelable y la procuraduría está obligada jurídicamente a cumplir lo ordenado en un plazo máximo de cuatro meses. Además, esta resolución abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de agentes del Ministerio Público Federal por la vía de responsabilidad administrativa, al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo el daño moral ocasionado a la reputación, vida privada y dignidad.

En conferencia de prensa, la indígena ñhañhú, acompañada por su esposo Guillermo Francisco Prisciliano y su hija Estela, declaró que la reparación no me deja contenta, hasta me da coraje, porque no me pueden reparar nada, nada, pues los tres años de prisión, alejada de su familia jamás los podrá recuperar.

Incluso indicó que preferiría cambiar esta reparación por el hecho de que ya no hubiera injusticia en los procesos judiciales.

Luis Tapia Olivares, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, también encarceladas injustamente por los mismos hechos.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, expresó su confianza en que tal como ocurrió en el caso de Jacinta Francisco, el Poder Judicial de la Federación confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño, incluyendo garantías de satisfacción, como el ofrecimiento de disculpas públicas.