En Puebla, además del agua potable se concesionó el uso del drenaje. En noviembre del año pasado la vivienda de Abraham Gutiérrez fue desconectada de la red de alcantarillado por la empresa Concesiones Integrales, a la que adeuda 80 mil pesos por el servicio. Desde entonces no tiene dónde tirar las aguas residuales y ha dejado de usar los sanitarios.

Gutiérrez está amparado en contra de la medida de la empresa, ya que antes de que el servicio de agua potable y saneamiento fuera concesionado a particulares pagaba como máximo 300 pesos bimestrales. Para contar con agua, su familia –cuatro personas– paga 3 mil pesos por una pipa que le alcanza para dos meses.

Ya que carecen de drenaje, el agua residual del lavado de ropa y trastes la tiran a los patios. Durante el día utilizan el baño público de un mercado y por la noche van con un familiar que vive a unos pasos de su casa, ubicada en 22 Poniente, colonia Lázaro Cárdenas.

El proceso de privatización del agua y drenaje en Puebla se hizo a espaldas de la población, ya que en septiembre de 2013 se aprobó que la legislación incluyera la figura de concesión en el servicio de agua potable, la cual no existía.

‘‘Ni siquiera estaba en el orden del día del Congreso local. Cuando preguntamos negaron que se fuera a dar. Pero votaron en favor todos los partidos’’, señaló María Eugenia Ochoa, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante de la Asamblea Social del Agua, que forma parte de la red nacional Agua para Todos.

En entrevista, recuerda que esta iniciativa fue una propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, y cuando comenzó el ‘‘proceso de la licitación se pidió información. Nadie la dio. Cuando se confirmó que existía, nos dijeron que estaba reservada por siete años; no supimos cuánto pagó la concesionaria hasta que el lunes lo divulgó La Jornada’’.

Refiere que la tarifa más baja al mes es de 170 pesos por un consumo básico de 20 metros cúbicos (2 mil litros). Esto no cubre la cantidad mínima de agua que establece la Organización Mundial de Salud (OMS), ya que ésta define un consumo mínimo diario de 50 litros. Una familia de cuatro personas requeriría 6 mil litros al mes para cubrir con este indicador.

Además, colonias que eran populosas o unidades habitacionales fueron reclasificadas sin criterios claros como zonas residenciales sujetas a altas tarifas. Explica que en la asamblea se han congregado decenas de personas que han buscado ampararse ante los altos costos del servicio; el argumento que presentan en estos procesos es que el agua es un derecho humano consagrado en al artículo cuarto de la Constitución, y el alcantarillado es fundamental por sanidad. Los integrantes de la Asamblea Social consideran que alrededor de 50 por ciento de los cerca de 500 mil usuarios son morosos.

El proceso de privatización de los servicios de agua potable es un fracaso, tanto a escala nacional como internacional, ya que ha propiciado al incremento de las tarifas del servicio para la población, hay poca transparencia y existen casos en que las deficiencias son tan grandes que han vuelto a municipalizar, señalaron los académicos Elena Burns y Pedro Moctezuma, integrantes de la agrupación Agua para Todos, y Claudia Campero, de Food and Water Watch.

En México, los servicios de distribución del agua potable están privatizados en las ciudades de Puebla, Saltillo y Cancún; en el puerto de Veracruz está en proceso, mientras que en el mundo hay 235 ciudades que a fines de la década de los 90 cedieron al sector privado el servicio y ahora lo han recuperado.

Con las privatizaciones no hay beneficios para los usuarios; las ganancias se privatizan, ‘‘las empresas siguen el mismo patrón en todo el mundo: mal servicio, alza de tarifas y falta de inversión’’, sostuvo Campero. Destacó que uno de los puntos más serios es la desconexión del servicio, medidas que las empresas utilizan para tener la seguridad de que obtendrán ganancias.