n la madrugada del domingo, en Orizaba, tuvo lugar una balacera en el bar Bulldog, situado a unos metros de la inspección de policía. Durante cerca de una hora, según los medios locales, grupos delictivos antagónicos se enfrentaron con armas de fuego. Uno o dos murieron y la confrontación dejó un número incierto de lesionados: cuando arribaron los elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, continuaba el enfrentamiento y los agentes lograron observar cómo varias personas huían del lugar con heridos en camionetas blindadas
, dice la nota de Noreste.
Más o menos a la misma hora, en Xalapa, un comando de cuatro individuos ingresó al antro Madame y vació varios cargadores sobre los clientes. Cinco de ellos murieron y otros 13 resultaron con lesiones de diversa gravedad. En ambos casos las autoridades estatales ofrecen como explicación una disputa entre bandas rivales por el territorio de distribución de drogas ilícitas.
Si hubiera sido en un par de ciudades europeas el mundo estaría conmocionado, pero los hechos ocurrieron en dos ciudades veracruzanas y fueron sólo dos picos en la gráfica de la violencia que padece el estado; ese mismo día, por ejemplo, ocurrieron al menos dos levantones
y hallaron a un ejecutado en un municipio conurbado al Puerto de Veracruz.
El domingo por la noche, en Boca del Río, se llevó a cabo el último debate entre los candidatos a la gubernatura. La violencia favorece a Héctor Yunes, un priísta promedio y anodino que tiene por encargo encubrir las atrocidades de su correligionario Javier Duarte y que ha saturado la entidad con anuncios espectaculares en los que promete mano fuerte
; es favorable también para la causa de su primo, Miguel Ángel, otro producto típico del PRI: además de su florida fama pública como compañero de correrías de Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, el ahora panredista fue responsable de los penales federales en tiempos de la primera fuga del Chapo y director del ISSSTE en momentos de desvíos multimillonarios en esa institución; ya antes, como secretario de gobierno de Patricio Chirinos, entre 1992-1997, se había forjado una imagen de represor implacable y violento; en ese lapso en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 17 recomendaciones por diversas violaciones a los derechos humanos y violencia represiva.
Con lo anterior no se pretende insinuar que cualquiera de los dos Yunes, o ambos, hayan organizado las balaceras en Orizaba y Xalapa. Ocurre, simplemente, que el conglomerado de intereses que ejercen el poder real en la entidad reacciona ante el riesgo de una ruptura del (des)orden establecido y que, en los días previos a la elección del próximo 5 de junio, manda un mensaje de intimidación y disuasión a los votantes y una descalificación al ejercicio de la voluntad ciudadana, esa que se expresa con votos, no con balas, y que parece inclinarse por el único aspirante que no forma parte del régimen oligárquico prianrredista: Cuitláhuac García, postulado por Morena.
Casi siempre funciona. Las mafias que temen perder el poder en las urnas suelen recurrir a actos de terror para que los electores conscientes no salgan de sus casas, piensen que la violencia no tiene remedio (o que el único remedio es la violencia del Estado) y abandonen el territorio de las urnas al arbitrio de los aparatos clientelares y corruptos, eso que antes se llamaba voto duro y que hoy, por el deterioro de las tres principales patentes partidistas del régimen (PRI, PAN y PRD) se ha reducido casi exclusivamente a voto comprado, en tanto que los partidos menores se conforman con vender sus sufragios al mejor postor.
Pero ese recurso puede volverse, en la circunstancia veracruzana actual, en contra del propio régimen y de sus candidatos, porque el hartazgo ha llegado al límite y el gobierno y su abanico de candidatos no tienen nada que ofrecer, salvo la perpetuación de la inseguridad, el saqueo y la violencia.
A Veracruz le urge un cambio de rumbo real y efectivo y la única propuesta política con la voluntad y las cualidades para emprenderlo es la que encabeza Cuitláhuac, representante natural de la población agraviada: los maestros violentados, los pensionados defraudados, los campesinos reprimidos y despojados, los jóvenes sin lugar en el mundo, los universitarios a los que el gobierno deja sin salario, las comunidades acosadas por los proyectos de desarrollo depredador, los ciudadanos que viven la zozobra y la angustia de la criminalidad. Cabe esperar que así lo comprenda la mayoría del electorado de Veracruz, y que sea una mayoría tan amplia que ningún fraude pueda falsificar su veredicto.
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