La propuesta de reforma de justicia laboral, que prevé la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, fue elaborada por un grupo muy cerrado de personas. Se tiene que hacer un análisis más serio de la misma, dar intervención a otros actores relacionados (...) y realmente acompañar la propuesta con recursos, porque si sólo se cambia el nombre a las juntas o el poder al que pertenecen la iniciativa está condenada al fracaso.

La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Darlene Rojas Olvera, señaló lo anterior y sostuvo que es preciso que se analice bien la reforma y que se abra un amplio debate en el Senado para poder enriquecerla y realmente consiga sus propósitos.

Si no, quedará como la reforma de 2012, que entre sus objetivos principales planteaba la creación de más empleos, que no se ha cumplido por circunstancias propias de la economía del país y a nivel mundial, así como mejorar la impartición de justicia y acortar los plazos de resolución de los juicios, que tampoco se logró, señaló.

En entrevista, expuso que la reforma es un buen acierto, porque durante muchos años se ha rezagado la impartición de justicia en materia laboral, y no se ha visto la problemática de fondo.

Puntualizó que la primera situación advertida es que no por el simple hecho de que las juntas de conciliación cambien del Poder Ejecutivo al Judicial se va a lograr impartir justicia pronta y expedita. Un aspecto fundamental es que cualquier reforma en la materia debe ir aparejada de canalización de recursos.

Si se determina que estas instancias pasan del poder Ejecutivo al Judicial, mínimamente se tendría que estar proponiendo que si actualmente la Ciudad de México cuenta con 20 juntas, luego entonces se tendrían que tener 40 juzgados para dar atención a los trabajadores y realmente dar cumplimiento a lo que marca la Constitución; de lo contrario, simplemente cambiarán de denominación, pero el objetivo no se va a lograr, sostuvo.

Cuestionada sobre los señalamientos de corrupción en las juntas, indicó que en todos los niveles de gobierno existe el tema de corrupción; eso es real, hemos tratado de instrumentar mecanismos para combatir esta parte, pero es cierto que se siguen dando estas prácticas; no podemos dejar de desconocer esto. Sin embargo, no es el principal problema por el que los asuntos están rezagados; esto se da por el crecimiento desmesurado del número de demandas que ingresan año con año.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal recibe al año 35 mil demandas en sus 20 sedes, y actualmente tiene 100 mil asuntos en trámite. La Junta Federal cuenta con 45 locales en todo el país y atiende 300 mil casos.

Una de las principales razones por las que las resoluciones tardan tanto es que las juntas tienen gran cantidad de trabajo. El planteamiento que hemos hecho es que las juntas deben gozar de plena autonomía, que no dependan del Ejecutivo. La iniciativa plantea que se envíen al Poder Judicial, cuando pudieran ser tribunales independientes, como los electorales, los tribunales fiscal y administrativo, que son autónomos y al final eso les da mayor certeza en la determinación de sus resoluciones, expuso Darlene Rojas.

Consideró que si se quiere realmente cumplir con la impartición de justicia, la reforma tiene que ser sometida a un análisis más serio y exhaustivo, dar intervención a otros actores involucrados y dotar de recursos la iniciativa. Si solamente se queda en el tema de la denominación y de ahora ver a qué órgano pertenecen, casi está condenada al fracaso.