na vez que la nube tóxica se esparció el pasado 20 de abril por las áreas cercanas a la planta Clorados 3 en el complejo petroquímico Pajaritos, los especialistas advirtieron la probabilidad de que causara daños en la salud de la población expuesta de Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán. También lo debían saber los dueños mayoritarios de la citada planta y los técnicos de Petróleos Mexicanos. Diez días después del estallido e incendio en las instalaciones de Petroquímica Mexicana de Vinilo, con la muerte de al menos 32 trabajadores, decenas de heridos y desaparecidos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal del lugar donde ocurrió la emergencia química.

Esa clausura y otras medidas colaterales debieron tomarse de inmediato, pues con el estallido e incendio y las acciones para controlarlo se originaron residuos peligrosos provenientes de las sustancias químicas que había en la planta. Entre otras, cloro, etano y etileno que, tras el incendio y la explosión formaron al menos dioxinas y furanos policlorados, catalogados como altamente peligrosos y extremadamente persistentes. Por ello deben ser retirados del lugar del siniestro con las máximas medidas de seguridad y enviados posteriormente a un sitio que reúna las condiciones para que no causen daño.

También la Profepa ordenó realizar un estudio de remediación del sitio donde está la planta que explotó, así como en sus alrededores. Esto porque los residuos peligrosos pudieron haberse desplazado en la parte interna y externa del complejo Pajaritos. Cabe recordar cómo estudios y trabajos de remediación como los que ahora ordena la instancia federal no se realizaron hace 25 años, cuando estalló en Córdoba, Veracruz, el local donde la empresa Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa) almacenaba agroquímicos de alta peligrosidad para el ser humano y el ambiente. Y lo peor, el trabajo de remediación del local de Anaversa todavía no se efectúa, pese a la recomendación que emitió oportunamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Profepa advirtió que la clausura temporal de Clorados 3 será levantada únicamente cuando la empresa cumpla con las medidas acordadas. Y una vez que presente información confiable sobre los trabajos que realice para reparar los daños causados. Y, no menos importante: tiene la obligación de evitar que se incremente el deterioro que ocasionó al ambiente.

La población de Coatzacoalcos y municipios aledaños, diversas organizaciones que defienden el derecho constitucional a la salud y a disfrutar un ambiente sano, centros de investigación y especialistas en toxicología advierten la importancia de realizar una investigación imparcial sobre los orígenes de la tragedia. Y de igual forma, los efectos que la liberación de numerosos tóxicos puede ocasionar a los habitantes de Coatzacoalcos y al medio en que viven. No es para menos, pues la explosión e incendio ocurrieron en una planta que produce especialmente cloruro de vinilo, además de otras sustancias utilizadas en sus procesos productivos.

Destacadamente furanos y dioxinas policlorados, extremadamente peligrosos y persistentes por largo tiempo en la atmósfera y en las corrientes de agua. En este caso, en el principal río de la región, el Coatzacoalcos. Los toxicólogos advierten que al entrar en contacto con la piel o ser inhalado, las dioxinas, y furanos policlorados pueden ocasionar irritación, mareo, sensación de desmayo y dolor de cabeza. Y si se está expuesto a ellos por largo tiempo, los efectos son mucho más graves, pues son carcinógenos, mutágenos y teratógenos reconocidos.

Las instancias oficiales, Petróleos Mexicanos, y los dueños mayoritarios de la empresa (la familia Del Valle) deben informar con claridad sobre lo que pasó realmente en el Complejo 3 de Pajaritos y los efectos que se esperan en el mediano y largo plazos. Y reparar los daños ocasionados. Debemos evitar que otra nube de impunidad oculte lo ocurrido. Como ha pasado en otras partes del país.

Se cumplió ya un mes de la tragedia de Coatzacoalcos. Y las autoridades y empresa guardan silencio sobre ella.