La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) aportar nuevas pruebas para fortalecer las acusaciones en contra de los militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

Tras la liberación de los últimos tres de los ocho efectivos que permanecían en prisión, el organismo nacional instó a la PGR a tomar en cuenta los elementos contenidos en el expediente de queja seguido por la CNDH, que dio origen a la recomendación 51/2014, atendiendo el hecho de que jurídicamente el caso no es cosa juzgada.

Insistió en que elementos probatorios contenidos en dicha pesquisa deben ser presentados por la PGR, con el propósito de que no persista la impunidad.

Cabe recordar que el 30 de junio de 2014, en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, fueron ultimadas 22 personas, debido a un enfrentamiento entre un grupo, presumiblemente delincuentes, y militares, según la versión del Ejército Mexicano.

Sin embargo, tres meses después, testimonios de algunos sobrevivientes señalaron que varias personas fueron ejecutadas por los militares luego de que se habían rendido.

En su recomendación del 21 de octubre de 2014 por esas violaciones graves, enviadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la PGR y al gobierno mexiquense, la CNDH concluyó que ocho elementos del Ejército asesinaron a por lo menos 15 de las 22 personas, entre ellas dos menores de edad. Además, hubo alteración intencional de la escena del crimen.

El viernes pasado el sexto tribunal unitario del segundo circuito ordenó la liberación de los últimos militares implicados en el caso. Ya en octubre pasado un juzgado federal había concedido la excarcelación de los primeros cinco, a pesar de que, de acuerdo con los peritajes realizados por la PGR, al menos nueve personas de un total de 22 fueron asesinadas, aunque la CNDH señalara que fueron 15 los ultimados.

Aunque la CNDH ahora insta a la PGR a presentar nuevas pruebas, incluso a recurrir a su expediente, hay que recordar que el Ministerio Público Federal demoró tres meses para iniciar las indagatorias.

Inclusive, en su recomendación, la CNDH señalaba que esa demora se dio aun cuando la PGR ya contaba con indicios que permitían presumir que la muerte de los civiles no se había dado en un contexto de enfrentamiento, además de que fue hasta octubre de ese año, casi cuatro meses después de los hechos, cuando se recabaron las declaraciones de varios testigos.