El movimiento de ex braceros deberá enfrentar de nuevo al gobierno federal. La pugna por el pago de los ahorros de miles de trabajadores contratados por Estados Unidos entre 1942 y 1967 –cuyas aportaciones fueron entregadas en ese lapso al gobierno mexicano– se llevará ahora en un tribunal colegiado.

En el juicio están incluidos 5 mil 600 ex braceros (o sus beneficiarios), aunque en todo el tiempo del acuerdo bilateral habrían participado 4.6 millones de trabajadores, de quienes más de 3 millones estarían registrados para la devolución de los recursos.

El 29 de febrero pasado una juez de distrito en materia administrativa dio la razón a los ex braceros y ordenó al gobierno realizar los pagos correspondientes, que a pesos actuales rondarían un millón por persona, según ese movimiento. Sin embargo, el gobierno apeló. El juicio por el pago de los ahorros de los ex trabajadores es distinto al apoyo social por 38 mil pesos concedido por el Estado, a partir de una medida aprobada durante el sexenio foxista.

Porfirio Martínez, abogado de los ex trabajadores agrícolas, precisó que ahora se enfrentan ante el recurso que presentó el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el director del Fideicomiso de Apoyo Social, porque se niega a cumplir la sentencia de la juez.

También advirtió que se ha iniciado una campaña de intimidación, pues braceros han sido detenidos, como Juan Antonio Garza Galarza, en Calvillo, Aguascalientes, quien fue acusado de extorsionador. Situaciones similares ocurrieron en Nayarit y Michoacán, en agresiones ejecutadas por autoridades locales, supuestamente bajo órdenes de las federales, por el hecho de reunirse ex braceros o sus beneficiarios en plazas públicas, señaló.

El movimiento anunció una caravana, entre el 15 y 20 de junio próximo, que partiría de Los Ángeles, California, a las oficinas de Gobernación, en la Ciudad de México. Los ex braceros estamos organizados. Este movimiento ya prendió, dijo Mario Silva, de Durango, en una conferencia de prensa.

Martínez señaló que si el tribunal colegiado ratifica la decisión del juzgado y ordena al gobierno de Enrique Peña Nieto a pagar, obtendrían el beneficio 5 mil 600 personas y se sentaría precedente para otros grupos de ex trabajadores.

El tribunal admitió el recurso de revisión la semana pasada y deberá haber una resolución en un máximo de 90 días.